En una carta abierta, advirtieron que la medida “encarece las tasas de interés”, reduce el crédito y se acerca a modelos aplicados en Bolivia y Venezuela. Piden un “debate técnico riguroso” y soluciones que no deterioren la estabilidad financiera ni la política monetaria.
Seis exministros de Hacienda y Crédito Público solicitaron frenar la propuesta del Gobierno de imponer inversiones obligatorias a la banca, al considerar que la iniciativa golpearía el crédito, encarecería el costo del dinero y enviaría una señal equivocada en materia de política económica y monetaria.
En una carta abierta titulada “Sobre el anuncio de inversiones forzosas al sistema financiero” y fechada el 18 de febrero, Alberto Carrasquilla, José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas señalaron que reciben el anuncio con “profunda preocupación”. Subrayaron que su posición se fundamenta en “la experiencia, no desde una postura partidista”.
Para los exministros, las inversiones forzosas “no son el mecanismo adecuado para fomentar el crédito ni para atender la emergencia”. Aseguran que este tipo de instrumentos “encarecen las tasas de interés, reducen la disponibilidad de recursos y terminan perjudicando a quienes más necesitan financiamiento”, precisamente los hogares y empresas más sensibles al costo del crédito.
El pronunciamiento también pone el foco en los efectos sobre la confianza y el funcionamiento del sistema financiero. “La experiencia internacional es contundente”, advierten, al recordar que la mayoría de los países que recurrieron a inversiones obligatorias terminaron desmontándolas por sus consecuencias negativas.
Sobre el particular, agregan que “los países de la región que aún los mantienen son precisamente los que tienen los sistemas financieros más débiles”. En clave de política monetaria, los exministros alertan que una intervención de este tipo interfiere en los canales de transmisión del crédito, puede distorsionar las tasas de interés fijadas por el mercado y presiona a la banca a reasignar portafolios bajo criterios políticos y no de riesgo.
“Durante el siglo XXI, solo Bolivia y Venezuela han creado nuevas inversiones forzosas”, recuerdan, al sugerir que Colombia no debería alinearse con esos modelos. Yendo más allá, el documento insiste en que los bancos “administran el ahorro de 38 millones de colombianos”, por lo que “una decisión de esta magnitud merece un debate técnico riguroso, no la premura de una emergencia”.
A juicio de los firmantes, las medidas que se adopten para enfrentar la coyuntura deben ser compatibles con la estabilidad del sistema financiero y con la independencia de la política monetaria. Como alternativas, plantean instrumentos ya conocidos por el mercado: garantías del Gobierno nacional, subsidios focalizados a la tasa de interés y líneas de redescuento a través de la banca de desarrollo, que permiten dirigir liquidez a los sectores afectados sin distorsionar el esquema general de tasas ni imponer obligaciones discrecionales a los intermediarios.
“Existen instrumentos más eficaces y menos costosos para canalizar recursos hacia los sectores afectados”, señalan, y cierran con un mensaje político y técnico: “La solidaridad con los damnificados se demuestra con acciones eficaces, no con medidas que encarecen el crédito para todos los colombianos”.
La carta se suma al debate que enfrenta el Gobierno con analistas y agentes del mercado sobre el uso de herramientas extraordinarias en un contexto de alta sensibilidad del crédito, desaceleración económica y necesidad de mantener ancladas las expectativas en materia de política monetaria y estabilidad financiera.
