Un amplio sector de la opinión y la cosa pública es más bien pesimista en cuanto a las metas de recaudo proyectadas para la próxima vigencia, al tiempo que cuestiona el aumento en 9,1 % para pago de personal y adquisición de bienes y servicios.
Gustavo Petro y su equipo dieron a conocer detalles de lo que será el Presupuesto General de la Nación para la próxima vigencia. Los anuncios se dan en medio de un mar de polémicas por cuenta de las últimas acciones del presidente y las acusaciones de corrupción que pesan sobre varios de sus más importantes colaboradores, entre ellos, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla.
Precisamente, será este funcionario, acusado de pagar sobornos a senadores y representantes para aprobar las iniciativas legislativas del gobierno, quien tenga que presentarle al Congreso la nueva propuesta. El proyecto de Presupuesto General de la Nación tiene un valor o está estimado en $523 billones.
Según los primeros comentarios explicativos del Ministerio de Hacienda, las proyecciones tuvieron en cuenta el comportamiento de la inflación, la cual esperan que termine en un 3,5 %; adicionalmente, proponen un recaudo de rentas cercano a los $511 billones y otro tanto, $12 billones se obtendrán a través de la nueva reforma tributaria que presentarán.
Con estos números en mente, desde la cartera que dirige Ricardo Bonilla envían un “mensaje de tranquilidad”, pues, si se cumple la meta propuesta, no se incurrirá en faltas contra la Regla Fiscal, adicionalmente, responder con las obligaciones del Sistema General de Participación, las pensiones, financiamiento de universidades, servicio a la deuda y contingencias judiciales.
Explosión burocrática
Desagregando las cifras, varios sectores de la opinión y la cosa pública observaron que los gastos de funcionamiento proyectados para el 2025 equivalen a más de 62 % del total solicitado, es decir, $327,9 billones.
Yendo más al fondo en el asunto, cuestionan que se hayan aumentado en 9,1 % los gastos de personal y adquisición de bienes y servicios y que la inversión proyectada, es cuatro veces menor al primer concepto, ubicándose en $82,5 billones o el 15,8 %.
Una de las primeras en reaccionar a la propuesta del gobierno Petro, fue la precandidata presidencial y líder de la oposición, María Fernanda Cabal, quien, a su estilo, metió el dedo en la llaga y sugirió que la única forma de ahorrar dinero público era recortando la burocracia.
“Petro puede ir pensando en disminuir consulados, embajadas, direcciones, ministerios y otras entidades inútiles que ha creado para pagar favores políticos. Pensar en más impuestos para sacar 12 billones de pesos es una afrenta contra este país trabajador”, escribió la precandidata presidencial en su cuenta en X.
También opinó sobre el asunto la senadora por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, quien, en un extenso hilo en X, explicó una a una sus inconformidades con la Ley de Presupuesto, ahondando en los excesivos gastos de funcionamiento y lo nocivo para el sector empresarial y el ciudadano de a pie una nueva reforma tributaria.
“Los gastos en burocracia si los aumenta en 5 billones de pesos; mucho más que la inflación esperada al cierre del 2024. Esto es resultado de los más 12 mil cargos públicos nuevos que ha creado este gobierno. […] La reforma tributaria de 2022 de Petro le habría quitado al sector productivo 17,2 billones de pesos. Cerca de 9 billones se fueron en burocracia en el 2024. Ahora piden una nueva reforma cuando la economía solo crece 0,6%, y el sector privado decrece -0,1%”, trinó Paloma Valencia.
Por su parte, Katherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde y Centro Esperanza, cuestionó que, a pesar de proyectar una disminución importante en los recaudos, el gobierno presente una Ley de Presupuesto con una cifra tan grande sin tener garantizadas las fuentes de financiación, teniendo como única solución, exprimir al máximo el bolsillo de los ciudadanos.
“Se plantea un PGN (Presupuesto General de la Nación) que no está debidamente financiado. Pasaran una Reforma Tributaria por $12 billones de pesos. Esta traerá exenciones a empresas para bajarles la renta, pero abre otro hueco fiscal. Auguro que tendrán que subir impuestos obligatoriamente en renta a personas naturales o quitar bienes exentos del IVA”, posteó Miranda en X, al tiempo que compartía capturas de pantalla del documento.
Finalmente, el experto y tratadista en Hacienda Pública, Juan Camilo Restrepo, advierte que, entre las líneas del documento, puede observarse el estado agónico en el que se encuentran las finanzas de la Nación.
“La inversión pública que apenas llega a $ 82 billones, con una contracción del 17% frente al año Pasado queda en los huesos, en el momento que más se necesita de un programa rápido y ambicioso contracíclico del gasto público para ayudar a sacar la economía de la postración en que se encuentra”, reflexionó Restrepo y a renglón seguido puntualizó: “el proyecto de presupuesto está desfinanciado en $12 billones que solo podrán incorporarse como gasto público real hasta tanto el congreso apruebe una ley complementaria de recursos adicionales que se anuncia, y sobre cuyo contenido no se sabe mayor cosa a la fecha”.