El presidente Joe Biden certificó los esfuerzos realizados por el país en la lucha contra la producción y tráfico de narcóticos, al tiempo que anuncia colaboración para hacerle frente a la minería ilegal, otra fuente de ingresos para los grupos armados ilegales.
Desde hace más de ocho meses, José Félix Lafaurie y varios personajes de la opinión y la cosa pública vienen denunciando el aumento exponencial de las hectáreas cultivadas con coca en el país. De hecho, el líder ganadero denunció que las organizaciones ilegales que se lucran con esa renta criminal operan libremente en al menos 400 municipios del país.
“[…] En medio de una ola de violencia generada por grupos armados ilegales de toda laya, sometiendo a la población y enfrentados por el control territorial para proteger el narcotráfico y sus rentas ilícitas derivadas”, dijo Lafaurie el pasado mes de marzo y, a renglón seguido, en esa misma entrevista, comentó: “no hay claridad en los recursos para la política de drogas, ni un mecanismo de coordinación de alto nivel para su implementación, sobre todo en territorios con débil presencia institucional”.
Esta crítica, vino acompañada de las cifras negativas que en ese momento entregó el Departamento de Estado de los Estado Unidos sobre la erradicación de cultivos ilícitos, procedimiento disminuido a su mínima expresión en lo que va de este gobierno.
La directa relación que existe entre el narcotráfico y el aumento de la inseguridad ha sido demostrada de muchas maneras a lo largo de la historia reciente del país y, se ha venido desbordando por cuenta del discurso ambiguo del gobierno Petro en ese sentido.
El pasado 16 de septiembre, a pesar de la difícil realidad que afronta el país en varias regiones, el presidente de los Estado Unidos, Joe Biden, dio el visto bueno a las ‘acciones’ desplegadas por Colombia para combatir el narcotráfico.
“Colombia, un fuerte aliado, ha trabajado estrechamente con EE. UU. en la interdicción del narcotráfico. En 2023, la Policía colombiana incautó más de 841 toneladas métricas de cocaína pura, un aumento del 10% respecto al año anterior”, dice el documento rígido al secretario de Estado, Antony Blinken.
Una de las primeras en reaccionar a esta afirmación, fue la precandidata presidencial y líder la oposición, María Fernanda Cabal, quien hace énfasis en las denuncias hechas por la prensa sobre reuniones de Juan Fernando Petro con varios extraditables para conseguir votos en favor de su hermano en las pasadas elecciones. “El Pacto no fue histórico, sino con el crimen. El principal logro de Petro llenar el país de coca y bandas criminales”, trinó Cabal.
Finalmente, la misiva también informa sobre la participación de los estados unidos en la guerra frontal contra la minería ilegal, actividad que además de financiar grupos armados ilegales, impacta negativamente la flora y la fauna.
“Estamos también colaborando para combatir crímenes que causa estragos en el medio ambiente de Colombia y proveen suficientes recursos para financiar organizaciones criminales, incluidos aquellos involucrados en la producción de cocaína y minería ilegal”, se lee en otro de los apartes de la carta.
