El congresista David Racero también le habría ordenado a un subalterno que descuidara sus responsabilidades para atender su negocio personal de frutas y verduras.
La reciente apertura de una indagación por parte de la Procuraduría General de la Nación contra el congresista David Racero ha sacudido nuevamente el escenario político colombiano. Las acusaciones son serias: se le atribuye la presunta solicitud de dinero a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), un comportamiento que, de confirmarse, no solo comprometería su integridad como representante, sino que también pondría en entredicho la ética que como militante del petrismo tanto ha pregonado.
Según denuncias e informes publicados, Racero habría pedido a una de sus asesoras parte de sus ingresos. Adicionalmente, la situación se complica aún más cuando se menciona que Racero habría ordenado a otro de sus subalternos que descuidara sus responsabilidades para atender un negocio personal: un mercado de frutas y verduras del cual es propietario.
La apertura de esta indagación no es un asunto menor. La Procuraduría busca no solo esclarecer los hechos, sino también determinar si las acciones de Racero constituyen faltas disciplinarias. Este tipo de investigación es vital para asegurar que quienes ocupan cargos públicos actúen con integridad y en beneficio de la comunidad, y no como meros interesados en el enriquecimiento personal.
En un país donde la corrupción ha sido una constante que afecta profundamente la calidad de vida de los ciudadanos, es inaceptable que figuras como David Racero sigan en el centro de controversias que evidencian una falta de ética y compromiso con la función pública.
El caso de David Racero no debe ser visto como un incidente aislado, sino como parte de una problemática mayor que debe ser enfrentada con seriedad.
Lea acá el comunicado emitido por la Procuraduría: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/presunta-solicitud-dinero-miembros-equipo-trabajo-peocuraduria-abrio-indagacion-congresista-david-racero.aspx