Aseguran que a pesar de los fallos que ordenan la estructuración de planes y proyectos que permitan la mejoría progresiva de los servicios, la voluntad política para cumplir con las sentencias ha sido poca.
Casi al tiempo que se daba a conocer la solicitud de retiro voluntario del sistema de salud presentado por EPS Bolívar, la plataforma Pacientes Colombia, movimiento social que agrupa a 198 organizaciones de pacientes en todo el país, informaba sobre la petición formal que radicada ante la Corte Constitucional.
En una carta compartida en la cuenta en la red social X de Pacientes Colombia, se exponen varias problemáticas que a pesar del tiempo y los fallos judiciales que ordenan su rápida resolución, contrario a la lógica, se han ido agravando.
Arrancan diciendo las 198 organizaciones de pacientes agremiadas en la plataforma, que las interpretaciones dadas a la normatividad sobre la cual se calcula el presupuesto que se destina para la atención en salud, podrían ser contraproducentes para quienes deben recibir atención especializada y compleja.
“La falta de recursos podría imponer vulneraciones a los derechos de las personas que pudieran significar la declaración de un Estado de Cosas Inconstitucional de acuerdo a las condiciones que encuentre la Corte Constitucional procedentes”, sugiere delanteramente Pacientes Colombia.
Dennis Silva, vocero de la organización, explicó cuáles son los tres ejes que fundamentan la petición de declaratoria que le hacen al Alto Tribunal. El primero, tiene que ver con “la crisis financiera del sistema de salud, pues, es innegable que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos son igualmente insuficientes”, en segundo lugar, “El aumento del Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) y las acciones de tutela”.
Y el tercero de los ejes, está enfocado en el convulso contexto en el que se viene discutiendo la Reforma a la Salud, proyecto legislativo que a juicio de Silva, parece estar más orientado a dejar sentada la línea ideológica del gobierno en ese sentido, que a resolver los problemas estructurales que agobian a los usuarios.
El dirigente gremial fue enfático en que la Corte Constitucional una vez revisada la petición, deberá ordenar que se haga seguimiento técnico a los planes y programas de mejoramiento estructurados y puestos en marcha para mejorar y garantizar los recursos que permitan la operatividad del sistema.
“Con las mesas de trabajo, el Gobierno lo primero que deberá hacer es definir nuevas metodologías, por ejemplo, con la UPC. Si la UPC es insuficiente, necesitamos tener mayores recursos para que este dinero les llegue a las IPS y estas, a su vez, pueda realizar la prestación de los servicios”, explicó el vocero de Pacientes Colombia.
Finalmente, señaló que la declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucionales es el camino adecuado para que en igualdad de condiciones, usuarios y gobierno se pongan de acuerdo en lo que es verdaderamente importante y permita la puesta en marcha de “acciones más contundentes a dicha crisis así como la necesidad de poder reunirnos bajo audiencia y seamos escuchadas todas las partes”.
