Buscan con la estrategia jurídica no solo retomar el control de la entidad, sino someter a análisis de la jurisdicción penal los actos desplegados por los funcionarios de la Superintendencia y determinar su grado de responsabilidad. También demandarán en tribunales internacionales.
La intervención de Sanitas EPS por parte de la Superintendencia de Salud el pasado 2 de abril, ha desatado una ola de críticas a las acciones abiertamente autoritarias ejecutadas por el Gobierno Nacional, en represalias por el hundimiento del proyecto de ley que pretendía reformar el sector.
Sanitas EPS, una de las entidades de ese tipo con más afiliados en el país: 5.7 millones, pertenece al Grupo Keralty, organización que desde el primer momento ha rechazado la medida y puesto sobre la mesa nuevamente el fantasma de la expropiación, dio curso a una estrategia jurídica tratando de revertir la intervención.
Los primero que hicieron fue recusar al superintendente, Luis Carlos Leal, buscando evitar que conozca del recurso presentado contra la toma de posesión, aduciendo que el funcionario, dados los mensajes publicados en sus redes sociales, tenía una idea preconcebida de las EPS y concretamente sobre Sanitas, por lo que debió apartarse del proceso de intervención.
Arrancó el programa jurídico de Keralty
Una semana después de esa noticia, Juan David Riveros, abogado de la multinacional, dijo desde el bunker de la Fiscalía General de la Nación, que con la denuncia penal en contra de Leal por la presunta falsa motivación de la resolución que otorga al Estado la administración de la EPS, iniciaban una suerte de estrategia de litigio orientada a retomar el control de la entidad.
“Con ocasión de la intervención que nosotros consideramos que es abiertamente ilegal, arbitraria, desproporcionada y sobre todo discriminatoria, hemos tenido dos semanas de reflexión legal al interior del equipo de abogados y hoy iniciamos la interposición de una serie de acciones de carácter legal ante diferentes jurisdicciones”, explicó Riveros a medios de comunicación que cubrían el hecho.
Riveros también precisó que el equipo jurídico de Keralty se moverá por distintos escenarios de debate legal para determinar sui las acciones desplegadas por los funcionarios de la Superintendencia de Salud además del plano penal, puede discutirse en otras jurisdicciones.
“[Emprenderemos] otra serie de acciones que tienen como finalidad fundamental recuperar la administración de la EPS para que no vaya a presentarse ningún tipo de afectación […] y a la mayor brevedad poder estar otra vez al frente de la administración de ella”, aseguró el abogado de Keralty.
Yendo un poco más allá, informó que concretamente, están pensando en presentar “acciones de tipo constitucional y acciones civiles por los perjuicios que se pueden generar con una situación como esta”.
Finalmente, el jurista informó que no es cierto el argumento según el cual Sanitas tienen un saldo negativo en las reservas técnicas, ya que, cuentan con activos e inversiones que superan los $800.000, igualmente, que de ser el caso, buscarán garantías en instancias internacionales.
“En el escenario internacional someteremos esta situación al conocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y también le haremos traslado a la relatora del derecho a la salud físico y mental de la ONU”, puntualizó Juan David Riveros.
