La situación en el departamento de La Guajira es una vergüenza nacional, sostuvo la magistrada, Paola Andrea Meneses Mosquera. Afirmó que un concepto jurídico no calma la sed, ni llena un cántaro, ni evita que un niño enferme por beber agua contaminada.
Es una vergüenza que en pleno siglo XXI, la falta de agua potable sea la excusa para que la corrupción haga un festín con el hambre y la sed de la comunidad.
Así se pronunció, Paola Andrea Meneses Mosquera, magistrada y actual presidenta de la Corte Constitucional, en el marco del foro: el derecho al agua: retos territoriales y aportes transnacionales.
“La situación en el departamento de La Guajira es una vergüenza nacional”, dijo.
Particularmente se refirió a la falta de agua en la comunidad Wayuu, que habita en La Guajira.
El derecho al acceso al agua es autónomo y sin su garantía, la dignidad no es posible.
“Un concepto jurídico no calma la sed, ni llena un cántaro, ni evita que un niño enferme por beber agua contaminada», reiteró.
Previo a ello, la presidenta de la Corte Constitucional manifestó que con su pronunciamiento se despojaba, por un momento, de la formalidad que a veces impone la toga.
“Desde la capital, con cierta frecuencia, el derecho se escribe con una pulcritud que asusta. Se redactan sentencias con palabras elegantes sobre el mínimo vital o la prestación de servicios públicos”, indicó.
Tres paneles
El pronunciamiento tuvo lugar en Barichara (Santander) donde la institución promovió tres paneles:
* Agua potable como convergencia entre marcos normativos globales y lecturas locales.
* El Derecho de acceso al agua potable y la adecuada prestación de los servicios públicos.
* Retos ambientales e industriales del derecho al agua.
Saneamiento
“La obligación de los Estados es reconocer los derechos humanos al agua potable y al saneamiento y traducirlos en marcos normativos eficaces que garanticen el acceso diario al agua”, resaltó, Arrojo Agudo, relator especial de la ONU.
Invitó dar mayor relevancia al saneamiento, históricamente relegado, pese a que su ausencia limita de manera directa el acceso al agua potable en condiciones dignas.
Voluntad política
Expertos de organismos internacionales de Ecuador y México, académicos e investigadores, rectores de universidades colombianas y gerentes de empresas de servicios públicos, se refirieron a la coyuntura actual del acceso al agua potable.
Subrayaron que la garantía del acceso al agua potable requiere no solo de desarrollos jurídicos, sino también de voluntad política y de una gobernanza inclusiva de las comunidades.
Asimismo, la importancia de interpretar los estándares internacionales a la luz de las realidades locales, teniendo en cuenta factores culturales, ambientales y socioeconómicos.
Repensar modelos
“El cambio climático, la contaminación y la presión de actividades productivas representan desafíos estructurales para la sostenibilidad hídrica, lo que exige repensar los modelos de uso y gestión del agua desde una perspectiva integral”, destacaron.
Coincidieron en que la gobernanza del agua debe trascender el ámbito local e incorporar una perspectiva global, que permita responder a problemáticas compartidas y promover estándares comunes de protección.
Alertaron en el sentido de avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles, en los que la protección del agua sea un eje central de las políticas públicas y de la actividad industrial.
