Mediante el Decreto Ejecutivo N.º 632, el gobierno del vecino país le declaró la guerra al Frente Oliver Sinisterra, las Disidencias Comuneros del Sur y los Comandos de la Frontera. La decisión busca reforzar las acciones de seguridad en la frontera colombo-ecuatoriana tras recientes hechos violentos.
La tarde del pasado jueves (15-05-2025), el presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azin, oficializó una nueva estrategia en la lucha contra el narcoterrorismo, catalogar formalmente a tres organizaciones colombianas al margen de la ley como grupos armados organizados y estructuras criminales.
Esta medida, anunciada mediante el Decreto Ejecutivo N.º 632, busca fortalecer la seguridad interna y responder con mayor contundencia a la creciente violencia vinculada al crimen organizado en el país.
Noboa Azin, oficializó así la inclusión en esta lista del Frente Oliver Sinisterra, las Disidencias Comuneros del Sur y los Comandos de la Frontera, estructuras señaladas de impactar negativamente la seguridad y el orden en territorio ecuatoriano.
Uno de los factores que, según analistas de seguridad e internacionalistas, incide de manera decidida en la expansión territorial de estas estructuras delincuenciales, son los más de 730 kilómetros de frontera compartida entre Ecuador y Colombia.
De acuerdo con la información oficial disponible, la declaratoria se fundamenta en una actualización individualizada de la incidencia de estos grupos en la zona limítrofe, elaborada por el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) tras la emboscada ocurrida el 9 de mayo en Alto Punino, provincia de Orellana, donde murieron once militares ecuatorianos durante un operativo contra la minería ilegal.
El ataque fue atribuido a los Comandos de la Frontera, una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC. En consecuencia, el decreto dispone que el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el CIES serán responsables de ejecutar las acciones necesarias para enfrentar la amenaza de estos grupos armados organizados.
Además, se establece la posibilidad de coordinar y articular relaciones con organismos de inteligencia de otros Estados para fortalecer la respuesta estatal. Con esta medida, Ecuador se suma así a otros países sudamericanos que han endurecido su postura frente a organizaciones armadas vinculadas al narcotráfico.
