En la zona, las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco establecieron tarifas de peaje ilegales e implementan un manual de restricciones bajo amenazas, lo que evidencia el control criminal sobre la región.
Este fin de semana, las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco inauguraron un puente vehicular en la vereda Honduras sobre el río Micay, en el departamento del Cauca.
Este puente, financiado en parte por el narcotráfico y con una inversión aproximada de 600 millones de pesos, según la publicación en la Revista Semana, conecta las localidades de Huisitó, El Nayita (municipio de El Tambo) y El Plateado (zona rural de Argelia).
Durante la ceremonia de inauguración, los guerrilleros colocaron tarifas ilegales de peaje: 2.000 pesos para motocicletas y 10.000 pesos para vehículos. Además, los asistentes a la inauguración fueron recibidos por individuos armados y uniformados con fusiles, destacando así el control que estas organizaciones ejercen en la región.
La senadora María Fernanda Cabal rechazó y cuestionó en su cuenta de X este tipo de actos, incluso pidió al presidente Petro, una explicación.
“¿Será que cuando Petro regrese de sus devaneos le puede explicar a Colombia por qué permite que los terroristas de las FARC inauguren un puente en el Cauca y cobren por su uso?”.
Control
En estos municipios, las disidencias imponen un estricto «manual de convivencia», que incluye prohibiciones como circular con casco en motocicletas, vidrios arriba en vehículos y velocidades superiores a 40 kilómetros por hora después de las ocho de la noche. Quienes infrinjan estas reglas enfrentan multas de hasta cinco millones de pesos o incluso secuestros.
La presencia de estas organizaciones criminales ha convertido la vida en estas áreas en un desafío constante, con reportes diarios de retenciones, asesinatos y desapariciones. Comerciantes y finqueros son blanco frecuente de extorsiones que incluyen la amenaza de dañar sus propiedades o animales si no pagan sumas exorbitantes.
Habitantes de la zona señalan sentirse abandonados por las autoridades, mientras que las casas y pancartas en las zonas rurales proclaman estos territorios como dominio de las Farc-EP, reflejando la falta de presencia estatal en la región.
