Una auditoría financiera de la Contraloría General evidenció pagos tardíos de cesantías y fallos judiciales, así como fallas estructurales en la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio. Los hallazgos configuran presunta responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal, por lo que se ordenaron traslados a la Procuraduría y la Fiscalía para establecer responsabilidades individuales.
La Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en la gestión del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), que comprometen recursos públicos por más de $81.593 millones. Así lo concluyó una auditoría financiera practicada sobre la vigencia 2024, en la cual se identificaron 21 hallazgos, de los cuales siete tienen presunta incidencia fiscal, veinte presuntas connotaciones disciplinarias, y tres eventuales relevancias penales.
Uno de los más relevantes, tiene que ver con la omisión sistemática en el cumplimiento de los términos legales para el pago de cesantías parciales y definitivas, lo que generó la imposición de sanciones moratorias conforme a la Ley 1071 de 2006. Estas sanciones, pagadas con recursos del Tesoro y del propio Fomag, ascendieron a $4.220 millones y $48.100 millones, respectivamente.
Según el ente de control, el uso indebido de estos recursos fue tipificado como presunta destinación oficial diferente, hecho que, según la nota de prensa divulgada por el ente de control, será puesto en conocimiento de la Fiscalía.
Asimismo, tras el análisis de los documentos que soportan los expedientes contractuales, se evidenció el pago extemporáneo de 46 fallos judiciales —más de 10 meses después de ejecutoriados—, lo que derivó en el pago de intereses moratorios por $3.210 millones, configurando un nuevo hallazgo con incidencia fiscal y posible falta disciplinaria.
En el componente de salud, la auditoría encontró que Fiduprevisora suscribió contratos transaccionales por más de $1,2 billones sin contar con la aprobación del Consejo Directivo del Fomag, lo cual contraviene el marco normativo vigente. También se verificaron deficiencias graves en la ejecución contractual, como la ausencia de Certificados de Registro Presupuestal (CRP) en 13 contratos por $525.000 millones y falta de garantías contractuales en otros por $168.000 millones.
Además, la Contraloría recibió denuncias sobre la presunta creación irregular de grupos empresariales, sociedades ficticias y operaciones internacionales que podrían constituir lavado de activos e interés indebido en la contratación, situaciones puestas a disposición del ente acusador.
A través de una nota de prensa, donde detalle a profundidad el tema, la CGR reitera la presunta corresponsabilidad de Fiduprevisora, en su calidad de vocera y administradora del Fondo, junto con las entidades territoriales certificadas, y exhorta a reformular los mecanismos administrativos y financieros para garantizar la legalidad, oportunidad y eficiencia en el reconocimiento de prestaciones y contratación de servicios de salud para el magisterio.
