Según varias fuentes, un cuñado del magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, habría explicado en más de una ocasión y a varias personas los movimientos hechos por el exjefe jurídico de la Presidencia para conseguir la aprobación del proyecto en un mes y el giro directo de los $35.000 millones para financiarlo.
Es popular en todo el país que la gestión más importante para priorizar obras de infraestructura y programas de atención social en determinadas zonas, es la que hace un político o funcionario con ‘amigos’ en el Alto Gobierno.
Y eso, según Marco Molina Gómez, fue lo que hizo el exjefe jurídico de la presidencia y actual Magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, para que desde el Ministerio de Salud se asignara una importante partida presupuestal para la construcción de un hospital de primer nivel en el municipio de Pitalito, Huila.
Según el portal La Silla Vacía, Molina Gómez, reconocido en el municipio como comisionista particular en cualquier tipo de negocio, es cuñado del magistrado Fernández y a la vez, cuñado de Juan Pablo Ricci, uno de los accionistas de la empresa que se ganó el millonario contrato.
Ha generado suspicacia el asunto, porque el hospital venía siendo gestionado desde hace año por varios alcaldes, sim embargo, no habían tenido el suficiente eco en el gobierno nacional, hasta la aparición en escena de Vladimir Fernández, persona a la que en los más altos círculos sociales de Pitalito le reconocen tal gesta.
El hospital es necesario en el municipio, porque las dos sedes de la Empresa Socia del Estado Manuel Castro Tovar, no dan abasto para cubrir la demanda de atención, estimada en un poco más de 140.000 servicios médicos de diversas especialidades y complejidades, no obstante, las personas que están detrás de las ‘gestiones’, parecen no dar garantías de seriedad y cumplimiento.
Es tal la incidencia de Fernández en el MinSalud, que el proyecto no solo fue aprobado un mes después de radicado, sino que también, se autorizó el giro directo de los $35.000 millones de la obra a la E.S.E. Manuel Castro Tovar, entidad que a su vez giró un anticipo de $13.000 millones a la empresa ganadora del contrato.
“En un momento pensé que era algo de vanidad de Marco. Porque lo contaba con mucho orgullo. Luego, cuando se conoce cómo se hizo la contratación y quién se lo ganó, entendí que estaba hablando muy en serio”, dijo una fuente anónima a La Silla Vacía.
Lo más grave, de acuerdo a la información publicada por el mencionado portal, es que quienes están detrás de la empresa a la que le adjudicaron el contrato ha tenido problemas y sanciones por incumplimiento.
Finalmente, a fecha de hoy, la obras presentan un notable retraso, si se tiene en cuenta que su entrega está programada para febrero de 2025, además, circulan rumores de que se necesitará una suma importante para hacerlo funcional, es decir, ponerlo al servicio de la comunidad huilenses.
Lea nota completa aquí:
