Junto con el anuncio de frenar el reclutamiento de menores, la entidad defendió la creación de una veeduría territorial y pidió adoptar medidas diferenciales según el riesgo de cada región para fortalecer la participación de las comunidades en territorios de influencia guerrillera.
La Defensoría del Pueblo respaldó los avances logrados en el Ciclo VII de la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor de los Bloques (EMBF), subrayando que los compromisos alcanzados tienen impacto directo en la reducción de riesgos humanitarios y en la protección de las comunidades afectadas por el conflicto.
Desde la entidad calificaron como un avance significativo el anuncio del EMBF de no incorporar a menores de 18 años, señalando que su cumplimiento permitiría demostrar la disposición real de suspender “este crimen aberrante”.
El organismo también destacó que sus equipos humanitarios permanecen disponibles para acompañar la liberación de adolescentes que aún se encuentran en poder de estructuras armadas. De igual forma, consideró esencial que el Estado continúe fortaleciendo los programas territoriales de prevención y protección dirigidos a niños, niñas y adolescentes en zonas con presencia histórica de grupos armados.
Otro punto que la Defensoría consideró prioritario fue el acuerdo para respetar el libre ejercicio de los derechos políticos. Según el comunicado, este compromiso garantiza que “todos los partidos y candidaturas expongan sus programas ante la ciudadanía” y evita que se interfiera de forma directa o indirecta en el proceso electoral de 2026.
Esta medida, según explicaron, busca neutralizar amenazas, presiones o restricciones que puedan afectar a comunidades rurales y urbanas durante la temporada política, asimismo, destacó la creación de una veeduría con participación de delegados comunitarios en las zonas donde opera el EMBF, mecanismo que permitirá hacer seguimiento a los compromisos y al desescalamiento de la violencia.
Debido a que la participación ciudadana puede generar riesgos diferenciados según el territorio, la Defensoría llamó a adoptar medidas específicas antes de poner en marcha la veeduría. Finalmente, reiteró su disposición de acompañar “todas las acciones que mejor garanticen los derechos de la población”, enfatizando su rol de vigilancia preventiva en zonas donde persiste la presión armada.
