Para la entidad de derechos humanos, la Superintendencia de Salud no puede concebir la salud como un servicio público, sino como un derecho fundamental.
En medio de la actual situación en la que han sido intervenidas algunas EPS, la Defensoría del Pueblo considera que es muy grave que la Superintendencia de Salud haya establecido aún más requisitos para la recepción de quejas, obligando a que los usuarios primero hagan sus peticiones a las entidades promotoras de salud.
“La Supersalud no puede concebir la salud como un servicio público, sino como un derecho fundamental. Si no reciben respuesta, sí se pueden comunicar con la Superintendencia Nacional de Salud por medio de sus canales. Es muy grave”, manifestó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Por tal razón, el defensor le hizo un vehemente llamado al gobierno nacional para que ejerza la función de regulación, vigilancia, inspección y control de los aseguradores y prestadores de servicios de salud, con enfoque de derechos humanos, y más allá de la visión de servicio público. “Tanto autoridades como particulares que participan en el sistema de salud deben garantizar los derechos humanos, bajo la tutela permanente del Estado”.
Para Carmago Assis, equiparar la salud con los demás servicios públicos, genera un retroceso en lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008 y por el Congreso mediante la Ley Estatutaria 1751 de 2015.
“De manera histórica, se ha evidenciado que las peticiones de los usuarios del sistema resultan en un mero trámite y no son respondidas en formas adecuada y oportuna. Por lo que urge que sean activadas las rutas de atención de quejas 24 horas al día, siete días a la semana. En los casos requeridos, es fundamental garantizar la gestión directa, la misma que salva vidas, especialmente en los territorios más alejados y donde no se cuenta con servicios adecuados de salud”, recalcó el defensor del Pueblo.
Asimismo, le solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud que restablezca cuanto antes el acceso público a la información sobre indicadores financieros, jurídicos y de servicios, número de PQR de las EPS, particularmente de las intervenidas, además de toda la información que durante el último año fue excluida de su página web y de los portales de acceso público.
“La publicidad en la información resulta una valiosa herramienta para que las autoridades públicas protejan el derecho humano a la salud, como también para que los afiliados y usuarios conozcan el comportamiento de las empresas que los aseguran y les prestan servicios”.
Vea acá el pronunciamiento del defensor del Pueblo:
