La Fiscalía rechazó la solicitud por falta de evidencia objetiva. Sandra Ortiz será acusada formalmente este jueves por lavado de activos y tráfico de influencias.
La defensa de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz reiteró ante la Fiscalía su solicitud para que se le conceda un principio de oportunidad, argumentando que ha entregado información relevante y precisa que podría conducir a la judicialización de otros altos funcionarios implicados en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
A través de un comunicado, su abogado, Oswaldo Medina Posada, aseguró que, durante los acercamientos, conversaciones e intercambio de información con el ente investigador, Ortiz aportó datos verificables y una narrativa coherente que sustenta sus afirmaciones. “Con dicha información incluso se podría iniciar investigaciones contra aforados”, señaló Medina.
Este pronunciamiento se dio luego de que la Fiscalía rechazara la posibilidad de otorgarle inmunidad total bajo la figura del principio de oportunidad, al considerar que la colaboración ofrecida por la exfuncionaria es “confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas”, lo que dificultaría su validación ante un juez.
Pese a esta negativa, Medina afirmó que su defendida sigue comprometida con la justicia, a pesar de temores por su seguridad y la de su familia. “Reitera su completa disposición de colaborar en el esclarecimiento de los hechos, a partir de la información relevante que ya ha entregado”, dijo el abogado, quien insistió en que aún se espera una decisión favorable frente a la solicitud de principio de oportunidad.
Acusación formal
Mientras tanto, la Fiscalía citó para este jueves 10 de abril una audiencia ante el Juzgado Octavo Penal Especializado de Bogotá, en la que acusará formalmente a Sandra Ortiz por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias como servidora pública.
“La Fiscalía General de la Nación tiene en marcha múltiples actividades investigativas para avanzar en la identificación y judicialización de los responsables del direccionamiento de la contratación y apropiación de recursos públicos en la Ungrd”, indicó el organismo en un comunicado.
Ante este panorama, Ortiz advirtió que podría revelar públicamente los términos de los acercamientos sostenidos con la Fiscalía, así como los detalles que dice conocer sobre la red de corrupción, bajo su propia responsabilidad y sin comprometer al ente acusador dentro del marco de la justicia premial.
Por ahora, no se descarta que la exfuncionaria busque un preacuerdo con la Fiscalía, posibilidad que solo podría concretarse antes del inicio formal del juicio en su contra.
