La decisión de delimitar las reservas naturales desestimulará la inversión en las regiones, lo que impactaría negativamente la generación de empleo y desarrollo social.
El Consejo Gremial Nacional expresó su preocupación por la expedición del decreto 044 de 2024, de los ministerios de Ambiente y Minas y Energía, que establece los criterios para delimitar reservas de recursos naturales en el marco del ordenamiento minero y ambiental.
Para el organismo, esta disposición del gobierno nacional genera una gran incertidumbre en el sector minero ya que atenta contra el desarrollo y la continuidad de la actividad.
“el Consejo Gremial Nacional, con total respeto por las instituciones de nuestro país e inspirado en el interés general, expresa su inquietud por las consecuencias de la norma citada sobre el desarrollo del país”, dice un aparte del comunicado que emitió el Consejo.
Frenará el desarrollo social
Uno de los puntos a los que apela el Consejo Gremial para rechazar la expedición de ese decreto es que desestimulará la inversión en las regiones, lo que impactaría negativamente la generación de empleo, pues, bajo ese escenario, ningún proyecto minero recibirá autorización para desarrollar actividades en las áreas temporales que se definan para su protección.
“Sorprende que no se considere el impacto en el desarrollo económico y social de las regiones, que causará la creación de estas áreas, pues no solo se verán afectados los proyectos mineros, sino todos los encadenamientos productivos que ellos tienen”, señala el ente gremial, haciendo alusión a que son muchos los sectores que utilizan minerales como materia prima, tal es el caso de la construcción, el industrial, de infraestructura de saneamiento básico y la agricultura, entre otros.
“Si los sectores que dependen en su mayoría de la producción nacional quieren continuar su actividad tendrían que traer los minerales de lugares más lejanos o importarlos de otros países, en los casos en que la actividad puede asumir estos costos”.
Añadió que la norma podría generar un alto riesgo de demandas para el Estado y una pérdida de cohesión social en las zonas donde los proyectos en curso tengan que suspender sus operaciones.
«Esto tendría un impacto inmediato en el empleo, en la adopción de medidas ambientales para una clausura ordenada de la actividad, en el pago de impuestos al gobierno, en la continuidad de programas sociales locales y en el cumplimiento de compromisos contractuales nacionales e internacionales de los proyectos, de suministro de minerales», enfatizó el Consejo Gremial Nacional.
