A juicio de la Contraloría, la expedición del decreto de liquidación del presupuesto para el 2024 no se ciñó a los más estrictos parámetros de la técnica y normatividad presupuestal.
La Contraloría hizo un pronunciamiento de advertencia al Ministerio de Hacienda y Crédito con respecto al Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2024.
El ente de control asegura que está poniéndose en riesgo la ejecución del presupuesto, ya que este decreto está expuesto a una posible demanda de legalidad que podría detener su implementación.
“Esta eventualidad podría resultar en la paralización de las actividades estatales, lo cual constituirla un hecho sin precedentes en la historia reciente de la ejecución presupuestaria”, dijo Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor en funciones de contralor general.
Con la expedición del decreto 2295 de 2023, a juicio de la Contraloría, no se cumplieron dos parámetros que justifican la decisión de llamarle la atención al Ministerio de Hacienda mediante la función de advertencia: por un lado, el artículo 1 de la ley 2295 de 2023, detalla el monto del presupuesto de gastos y a su vez relaciona las partidas del presupuesto general para el 2024, omitiendo el hecho de que el detalle del decreto debe ir en un anexo, no en el articulado; por otro lado, se debió presentar el detalle de la Ley de Presupuesto, lo que no se cumplió en la medida en que los gastos de inversión no se desagregaron a nivel de proyecto.
Para la entidad, estos dos elementos generaron inconvenientes al momento de la ejecución del presupuesto ya que varias entidades importantes del Estado, como Invías, la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- y el mismo Ministerio de Hacienda al no desagregar los proyectos de inversión impedían que estos se incorporaran al SIIF y comenzar la ejecución de los recursos. Más aún, algunos de estos proyectos venían cobijados con vigencias futuras que garantizaban los recursos necesarios para ejecutarse en este año.
“Se estimaba en $18 billones los recursos aprobados en la Ley de Presupuesto, pero no desagregados en proyectos que son estratégicos para el desarrollo del país y el impulso al crecimiento dada esta coyuntura actual de desaceleración económica, tales como carreteras en concesión, sistemas de transportes masivos, carreteras secundarias y terciarias, entre otras”.
Por otro lado, la inclusión del anexo en el articulado hace que cualquier modificación, que en el transcurso de la vigencia son bastantes usuales por la dinámica de la ejecución presupuestal, tenga que pasar por la aprobación directa de un decreto y no de una resolución de las propias entidades, lo que podría ralentizar el proceso de ejecución presupuestal.
