La senadora María Fernanda Cabal criticó al petrismo por respaldar la denuncia del senador Antonio José Correa, antiguo aliado de alias La Gata, sobre un presunto desfalco de $100 billones durante el gobierno anterior. Señaló que esta acusación busca desviar la atención de los problemas del gobierno.
En el marco de la polarización política que atraviesa Colombia, una nueva denuncia lanzada por el senador Antonio José Correa Jiménez, del Partido de la U, ha captado la atención de los medios e influenciadores afines al gobierno, generando una tormenta en redes sociales y en el Congreso.
Correa, conocido por su cercanía con el presidente Gustavo Petro, ha presentado una acusación sobre un supuesto desfalco de más de $100 billones en los fondos destinados a la atención de la pandemia de COVID-19 durante el gobierno de Iván Duque. Sin embargo, este caso no es solo un cuestionamiento a la anterior administración, sino que ha sido señalado por la oposición como una maniobra más del petrismo para desviar la atención de los problemas que aquejan al actual gobierno.
La senadora María Fernanda Cabal, una de las principales figuras de la oposición, no ha dudado en cuestionar la veracidad de las acusaciones de Correa. «La política en estos petristas da vueltas inesperadas», comentó Cabal en su cuenta de X (anteriormente Twitter), acompañando su crítica con una publicación de Gustavo Petro del 2017, donde el ahora presidente vinculaba a Correa con el clan de Enilce López, alias La Gata.
Este hecho ha sido clave para resaltar la contradicción de Correa, quien ahora se mueve en las aguas del petrismo, un escenario muy diferente al de años anteriores cuando su nombre estaba asociado con figuras cuestionadas de la política costeña.
La denuncia y la controversia
Correa afirmó inicialmente que el supuesto desfalco durante la administración Duque ascendía a $100 billones, pero luego, en declaraciones posteriores, reconoció que la cifra no era exacta y que el monto real sería inferior.
A pesar de ello, el trino original donde mencionaba los $100 billones ha sido ampliamente difundido por figuras afines al gobierno, como Hollman Morris, y por las redes de apoyo de Petro, generando una campaña de desinformación que busca enlodar la gestión de Duque y desviar la atención de los problemas actuales del gobierno de Petro.
Exfuncionarios del gobierno Duque, como Víctor Muñoz, han salido en defensa de la administración anterior, tachando las acusaciones de Correa como una cortina de humo sin fundamento real.
Muñoz ha señalado que los contratos relacionados con la pandemia, realizados a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fueron auditados y que no existen pruebas concretas de un desfalco de tal magnitud.
En respuesta, el presidente Petro ha solicitado a la Fiscalía una investigación exhaustiva sobre la gestión de la UNGRD durante la pandemia, lo que ha generado suspicacias entre los sectores críticos, quienes consideran que este tipo de movimientos están diseñados para desviar la atención de los múltiples problemas que enfrenta el gobierno actual, incluyendo la ineficacia en la implementación de reformas y los escándalos de corrupción que rodean a su administración.
Las sombras del pasado de Correa
Lo que ha añadido más controversia a esta denuncia es el cuestionado pasado político de Antonio José Correa. Aunque actualmente milita en el Partido de la U y ocupa una posición estratégica en la Comisión Segunda del Senado, encargada de la política internacional y la seguridad, su carrera política no ha estado exenta de polémica.
Correa inició su vida pública en los pasillos del poder costeño de la mano de Enilce López, alias La Gata, una reconocida empresaria del chance que construyó un imperio económico bajo la sombra de la ilegalidad.
Correa fue secretario de Salud en Magangué, Bolívar, durante la administración de Luis Alfonso López, hijo de La Gata, un periodo marcado por la influencia de López en los contratos públicos y en la estructura política del municipio.
Además, en 2010, cuando Correa logró llegar al Senado con 56.000 votos, 22.000 de ellos provinieron del departamento de Sucre, donde la maquinaria política de La Gata tenía una fuerte presencia. Esta relación ha sido reiteradamente criticada por medios y políticos opositores, como lo recordó La Silla Vacía en investigaciones pasadas.
A lo largo de su carrera, Correa ha enfrentado acusaciones de delitos como concierto para delinquir agravado, concusión, tráfico de influencias e interés indebido en contratos. Incluso, ha sido vinculado a irregularidades en la compra de terrenos en la Reserva Forestal El Palomar, donde adquirió predios a precios sospechosamente bajos, muchos de ellos provenientes de figuras cuestionadas como Jorge Luis Alfonso López, alias El Gatico, hijo de La Gata.
Desde la llegada de Petro a la presidencia, su administración ha sido objeto de múltiples críticas por la falta de resultados en la lucha contra la corrupción, la inseguridad creciente en varias regiones del país y las dificultades para concretar sus principales reformas.
