La Comisión Cuarta del Senado hundió la ponencia alternativa de la reforma laboral.
Con 12 votos en contra y solo uno a favor, la Comisión Cuarta del Senado negó este martes la ponencia alternativa de la reforma laboral presentada por la senadora del Pacto Histórico Aída Avella, lo que representa un nuevo revés para el Gobierno en su intento por avanzar con esta iniciativa.
La propuesta alternativa, radicada un día antes de la votación, incluía 64 artículos similares a los aprobados previamente en la Cámara de Representantes, y retomaba elementos clave del proyecto original, como el inicio del recargo nocturno a las 6:00 p.m., medida que había sido modificada en los debates anteriores por acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Esta ponencia contaba con el respaldo explícito del Gobierno nacional y recogía puntos discutidos en la consulta popular impulsada desde el oficialismo.
La decisión del Senado se da en medio de un ambiente de creciente tensión entre el Congreso y el Gobierno nacional por la posibilidad de convocar una consulta popular sobre la reforma laboral, propuesta que fue rechazada el pasado 14 de mayo por el Senado.
En medio de esta controversia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió —en la cuenta oficial de X— que, si el Congreso no se pronuncia antes del 1 de junio sobre la consulta, el Ejecutivo convocará a elecciones generales para que sea la ciudadanía la que decida sobre el futuro de la reforma.
Las declaraciones encendieron las alarmas en el Legislativo. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, respondió duramente, asegurando que el Gobierno estaría incurriendo en una grave violación del Estado de Derecho si decide avanzar con la consulta por decreto, desconociendo la decisión tomada por el Senado.
“No permitiremos que se vulnere la Constitución ni que se empleen maniobras para desviar millonarios recursos públicos hacia intereses políticos y campañas electorales. El desespero no puede justificar el autoritarismo”, manifestó Cepeda, quien además advirtió que, de emitirse un decreto en ese sentido, se recurrirá de inmediato a las instancias judiciales competentes.
El legislador agregó que tal acción implicaría una usurpación de funciones judiciales y un desconocimiento de la separación de poderes, al tratar de imponer una consulta que ya fue legalmente rechazada por el Congreso.
