La Defensoría del Pueblo aseguró que están dadas las condiciones para que sea declarado el estado de cosas inconstitucional en salud.
La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación manifestaron su profunda inquietud ante la crisis que enfrenta el sistema de salud en Colombia, la cual atribuyen, en gran parte, a la gestión del gobierno de Gustavo Petro. Ambas entidades han hecho un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas inmediatas que permitan mitigar los graves problemas que aquejan a este sector vital para la población.
Según la Defensoría del Pueblo, la situación actual del sistema de salud colombiano es alarmante, marcada por la falta de recursos, la precariedad en la atención médica y la inequidad en el acceso a servicios de calidad. Este caos, advierten, está afectando de manera directa a millones de colombianos que ven vulnerados sus derechos fundamentales a la salud y la vida digna, por lo que la entidad aseguró que están dadas las condiciones para que sea declarado el estado de cosas inconstitucional en salud. En este sentido, le exigió al gobierno nacional que corrija las medidas adoptadas y que han puesto en alto riesgo la vida, integridad y salud de los usuarios del sistema.
“La crisis va más allá de la Ley 100 de 1993. El subsistema del Magisterio y el de la fuerza pública, por ejemplo, atraviesan serios problemas, especialmente en las zonas más alejadas y dispersas del territorio colombiano, donde se evidencian cada día más barreras y obstáculos en la prestación de los servicios, así como en el acceso a medicamentos y tecnologías”, reclamó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Por su parte, la Procuraduría dio a entender que gran parte de la responsabilidad principal recae en el gobierno nacional por no haber implementado políticas efectivas para fortalecer el sistema de salud y garantizar su funcionamiento adecuado. El Ministerio Público enfatizó en la necesidad de prestarle atención a la escasez de medicamentos, la crisis financiera por los pagos atrasados, la renuencia para revisar la Unidad de Pago por Capitación, la improvisación en la implementación del modelo de salud para los maestros, entre otros temas.
“Al tratarse de un tema que hemos priorizado se ha solicitado a la cartera de Salud y Protección Social, a la Adres, al Invima, la Superintendencia Nacional de Salud, gremios y EPS tomar acciones para aliviar la problemática que afecta a miles de pacientes en todo el territorio nacional”, emitió la Procuraduría en un comunicado.
El ente de control se refirió también a las intervenciones que se han hecho a varias EPS, las cuales han evidenciado un mayor deterioro en sus indicadores y una barrera adicional para sus afiliados, y provocado que dos de ellas optaran por su retiro voluntario y el desmonte de la operación.
La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría han reiterado su compromiso de seguir vigilando de cerca la situación del sistema de salud colombiano y de exigir que se respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, especialmente en un contexto tan crítico como el actual.
