La Sala Especial de Seguimiento de la Corte declaró “cumplimiento bajo” en las órdenes para garantizar el acceso al agua en comunidades Wayuu, señalando graves bloqueos institucionales y ausencia de una política pública efectiva.
La Corte Constitucional encendió las alarmas sobre la crítica situación del acceso al agua en La Guajira. La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 calificó como “bajo” el cumplimiento de las órdenes emitidas para proteger el derecho fundamental al agua de la niñez Wayuu en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
Según el más reciente auto emitido por la Corte (Auto 899 de 2025), las acciones reportadas por las entidades nacionales y territoriales no han logrado garantizar la disponibilidad, accesibilidad ni calidad del agua en estas comunidades.
El alto tribunal denunció una evidente desarticulación institucional y una ausencia total de políticas públicas de largo plazo, lo que ha derivado en la persistencia de condiciones que vulneran los derechos fundamentales de esta población.
La Sala identificó cinco bloqueos institucionales clave: falencias en la recolección de información, falta de planes integrales, problemas en la ejecución presupuestal, debilidades contractuales y una profunda descoordinación entre entidades. Además, advirtió que las medidas implementadas han sido de corto alcance y no han generado impactos reales sobre el terreno.
Como respuesta, la Corte ordenó una serie de medidas correctivas urgentes. Entre ellas, estructurar mejor la información sobre el impacto real de las acciones, elaborar un inventario completo de infraestructura de agua y remitir estudios sobre la posible relación entre la actividad minera y la escasez de agua potable en la región.
También se exigió que se garantice la participación efectiva de las comunidades Wayuu en el diseño y ejecución de soluciones, así como una planificación estructural del servicio de agua.
El Ministerio Público y la Contraloría General deberán realizar verificaciones territoriales periódicas, y se invitó a las organizaciones de la sociedad civil a aportar sus propios informes y observaciones.
A pesar del mandato judicial vigente desde 2017, las comunidades Wayuu siguen enfrentando una crisis estructural de acceso al agua que compromete la vida, salud y dignidad de miles de niñas y niños.
La Corte dejó claro que no bastan los informes ni los planes provisionales: se requieren acciones concretas, sostenidas y coordinadas para saldar esta deuda histórica.
