Obras inconclusas y manejo irregular de recursos públicos están bajo la lupa de la entidad, que adelanta 95 actuaciones fiscales en el departamento. Hasta ahora, se han recuperado $2.200 millones mediante fallos y cobros coactivos.
Durante su más reciente visita al departamento de Risaralda, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, presentó un balance sobre la gestión de su entidad en relación con el manejo de los recursos públicos en este ente territorial.
Rodríguez destacó que la Contraloría ha intensificado su ejercicio fiscalizador en la región, señalando que actualmente se adelantan procesos por presuntas irregularidades en la ejecución presupuestal que suman un total de $47.775 millones.
En detalle, informó que se llevan a cabo 82 actuaciones por responsabilidad fiscal y 13 indagaciones preliminares relacionadas con un presunto detrimento patrimonial que asciende a $4.057 millones. Además, explicó que en varios de estos procesos se han impuesto medidas cautelares destinadas a garantizar la reparación del daño al erario.
Resultados concretos en la recuperación del patrimonio público
Bajo la gestión de Carlos Hernán Rodríguez, la Contraloría ha emitido 14 fallos con responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriados en Risaralda, por un valor total de $7.129 millones.
Estas decisiones, según el ente de control, han permitido avanzar en el resarcimiento económico del daño causado al Estado. Paralelamente, se han recuperado $1.197 millones mediante 21 procesos fiscales concluidos y otros $1.003 millones a través de cobros coactivos, alcanzando un total recuperado de $2.200 millones.
“Se destaca el fallo con responsabilidad fiscal de primera instancia proferido dentro del proceso adelantado por irregularidades en la ejecución del contrato de obra No. 224 del 23 de diciembre de 2014, celebrado para la construcción del puente ‘Limones’ en la vía La Virginia – Apía, Risaralda, debido a deficiencias técnicas que impidieron su utilización y puesta en funcionamiento. El fallo elevó la cuantía del daño patrimonial al Estado a la suma de $6.290 millones”, señala un comunicado oficial emitido por la Contraloría sobre este caso.
La investigación realizada por los contralores delegados y sus auxiliares permitió determinar que este proyecto, diseñado para mejorar la conectividad en la región, presentó fallas técnicas graves que impidieron su uso y funcionamiento adecuado.
Finalmente, el contralor general subrayó que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas de los fallos y proteger el erario público, también se ha involucrado a compañías aseguradoras en los procesos legales correspondientes.
“Estas acciones buscan no solo sancionar a los responsables, sino también prevenir futuras irregularidades mediante una vigilancia más estricta del uso de los recursos públicos”, concluyó Carlos Hernán Rodríguez.
