El ente de control les exigió a los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, la CREG y a la Superintendencia de Servicios Públicos, que tomen medidas urgentes para evitar una inminente cesación en la prestación del servicio de energía.
La Contraloría reiteró su preocupación por la gravedad de la situación que sigue afectando la prestación de este servicio de energía. El pasado 2 de septiembre, la entidad advirtió sobre un riesgo inminente que podría afectar a 10 millones de personas en Colombia por la posible suspensión de este servicio público esencial en diversas regiones del país
De acuerdo con el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, los problemas en el sector energético se deben a una serie de dificultades financieras que enfrentan las empresas prestadoras del servicio. Entre los problemas destacados se encuentran el retraso en los giros correspondientes a la opción tarifaria y subsidios por parte del Estado, así como el incumplimiento en el pago de facturas por parte de algunas entidades estatales, generando una considerable cartera pendiente.
El funcionario señaló que si las entidades competentes, como los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), y la Superintendencia de Servicios Públicos, no toman medidas urgentes, la situación podría desembocar en una cesación de la prestación del servicio de energía. Esto no solo perjudicaría a los usuarios, especialmente en la región de la Costa Caribe, sino que también afectaría el desarrollo económico del país y los ingresos al presupuesto nacional.
Uno de los ejemplos citados en el comunicado es la empresa AIRE, que presta servicio en una parte significativa de la costa atlántica y que actualmente está en proceso de intervención. La Contraloría advirtió que esta situación podría replicarse en otras empresas como AFINIA, que también opera en la costa atlántica y tiene un número considerable de usuarios. La crisis financiera en estas empresas podría impactar negativamente a otras compañías como EPM y afectar las finanzas del Municipio de Medellín y el Departamento de Antioquia.
El contralor resaltó que una intervención de las empresas en crisis no solo requiere conocimientos técnicos y financieros, sino también disponer de recursos del presupuesto nacional. El costo de una nueva intervención podría ascender a $4 billones anuales, cifra que refleja el déficit de operación de empresas como AIRE y AFINIA. Estos recursos son necesarios no solo para cubrir operaciones, sino también para realizar inversiones y asegurar una prestación del servicio con los niveles de calidad y confiabilidad requeridos.
También señaló que el gobierno nacional enfrenta dificultades para garantizar el acceso a los recursos necesarios, evidenciado por el atraso en el giro de subsidios y el incumplimiento en la asunción de deudas de usuarios de energía eléctrica. El contralor enfatizó que el acceso a los servicios públicos es un indicador clave de desarrollo y equidad, y que se deben adoptar medidas para asegurar la continuidad del servicio y garantizar los derechos de los usuarios y la viabilidad de los prestadores.
Además, advirtió que la posible intervención de compañías del sector energético no solo afectaría la región Caribe, sino que podría tener implicaciones a nivel nacional, incluyendo un riesgo sistémico para otros servicios públicos como el gas, afectando a más de 10 millones de habitantes en la Costa Caribe.
