La entidad fiscalizadora de los recursos públicos indicó un posible detrimento patrimonial de 50.653 millones de pesos.
La Contraloría hizo una seria advertencia por los riesgos técnicos y económicos que implica la resolución sobre financiación del programa de Vivienda de Interés Rural, que dispone de subsidios otorgados a anteriores beneficiarios para ser aplicados a otros; de aplicarse esta medida, se generaría una alta posibilidad de afectación al erario. La advertencia fue dirigida al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Banco Agrario y a la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural.
“La Contraloría advierte una posible vulneración a los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, los cuales considera que no fueron atendidos en la expedición de la Resolución 490 de 2023 por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que de persistir pueden conllevar a la vulneración de derechos fundamentales frente a los beneficiarios del Programa de Vivienda de Interés Social Rural, a lo que se suma la posible ocurrencia de un detrimento patrimonial”, emitió la Contraloría.
De acuerdo con la entidad vigilante de los recursos públicos,
a la fecha persiste la existencia de un riesgo próximo y real ante la aplicación de la Resolución 490 de 2023, expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que conlleve a la destinación de subsidios otorgados a beneficiarios, a los que el Estado reconoció su derecho a una vivienda digna, para ser aplicados a otros beneficiarios del programa de vivienda de interés social rural, y, por otra parte, la ralentización del Programa de Vivienda de Interés Social Rural a nivel nacional.
“Con la aplicación de la resolución, que determinó conformar unidad de caja con los subsidios no materializados del Programa, se estaría haciendo uso de subsidios que pueden estar invertidos en viviendas en construcción, terminadas y no entregadas a los beneficiarios, o en viviendas que apenas van a iniciar la construcción, lo que impactaría la financiación de los proyectos de vivienda no identificados en la resolución del ministerio, que solo consideró cinco gerencias integrales del Programa de Vivienda de Interés Social Rural”.
Daño patrimonial
Dicha resolución del Ministerio de Agricultura establece la posibilidad de reconocer el presunto desequilibrio económico en los contratos a cargo de las cinco gerencias integrales priorizadas, sin agotar las instancias determinadas por la Constitución y la ley, sobre las viviendas terminadas antes de la entrada en vigencia de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, por lo que podría incurrirse en una afectación al patrimonio público por 50.653 millones de pesos.
Además, el ente de control considera que se presenta vulneración de la función administrativa, al expedir un acto administrativo sin el previo respaldo presupuestal y determinar la unidad de caja con recursos de diferentes fuentes y destinación específica, en contravía del marco normativo presupuestal, por cuanto se trata de recursos con destinación específica.
