A pesar de que el grupo guerrillero anunció que suspendería temporalmente el paro armado, aún continúan presentándose episodios de violencia que tienen en zozobra a la población.
La grave situación de orden público que vive el Chocó por cuenta del paro armado del ELN parece que no tiene cuándo acabar.
Luis Enrique Murillo Robledo, defensor del Pueblo en ese departamento del Pacífico, denunció que se ha registrado un desplazamiento masivo de los habitantes de los municipios Litoral de San Juan, Istmina, Nóvita, Sipi y medio San Juan, que intentan proteger sus vidas.
Asimismo, algunos alcaldes, inspectores de Policía y personal de servicios de salud han tenido que abandonar sus territorios debido a las amenazadas que se han recibido de parte de esa guerrilla.
«Este es el quinto paro armado en esta subregión en lo corrido del año. A la población civil les han lanzado explosivos a sus viviendas y las amenazas y acosos han sido frecuentes, repetitivos, por lo que han tenido que salir del territorio», dijo el señor Murillo Robledo.
A pesar de que el ELN anunció que suspendería temporalmente el paro armado en esa zona, aún continúan presentándose episodios de violencia que tienen en zozobra a los lugareños.
Comunidades afro e indígenas denunciaron ante la Procuraduría que más de 25.000 personas están confinadas por lo que urge acciones para brindar alimentos, salud y educación en el medio y bajo San Juan.
Ausencia estatal
El defensor del Pueblo del Chocó afirmó que ante esta cruda situación el Estado está fallando en su papel de protección a la población civil.
“Esperamos que estos anuncios del cese al fuego sean ratificados con hechos de paz, que tienen que ver mucho con el cesar la instalación de tropas explosivas en el territorio”, agregó.
Procuraduría analizará la situación
Una comisión extraordinaria de la Procuraduría General de la República llegará a Quibdó, capital del Chocó, para verificar de primera mano las acciones que adelantan las autoridades nacionales y regionales frente a la situación de desplazamiento y confinamiento que se presenta en los municipios de Sipí, Istmina y Nóvita, con ocasión del paro armado decretado por el ELN.
El grupo especial se reunirá con representantes de las comunidades afectadas, personeros y Defensoría del Pueblo, para conocer en detalle las vulneraciones contra los derechos humanos que vienen sufriendo estas poblaciones, sus necesidades más urgentes de atención y las posibilidades que existen de llegar hasta los territorios.
