La Defensoría del Pueblo evidencia un deterioro crítico de los derechos humanos en Buenaventura, donde la violencia entre grupos armados ha generado desplazamientos, confinamientos y ataques contra la población civil, afectando especialmente a comunidades afrodescendientes e indígenas.
A través de un video colgado en la cuenta oficial en X de la Defensoría del Pueblo, la jefe de esa entidad, Iris Marín, advirtió sobre el progresivo deterioro de la situación humanitaria en el Bajo Calima, distrito de Buenaventura, donde la violencia entre grupos armados ha vuelto a poner en riesgo a comunidades afrodescendientes e indígenas.
“Durante dos días junto con el ACNUR y un representante de la Sala Especial de Seguimiento de Desplazados de la Corte Constitucional evidenciamos el grave deterioro de la situación humanitaria de los Derechos Humanos que enfrentan las comunidades del Bajo Calima”, señaló Marín, quien estuvo recientemente en el territorio.
La funcionaria explicó que la persistente disputa entre el ELN y el Clan del Golfo, aliado con el Frente Jaime Martínez de las disidencias, es el factor que más impacta a la población civil.
“[Esta guerra territorial] ha generado una crisis alarmante que ha afectado la vida, integridad y dignidad de más de 4.000 personas, en su mayoría pertenecientes al Consejo Comunitario de Bajo Calima y al pueblo Wounaan del resguardo Santa Rosa de Guayacán”, comentó la defensora del Pueblo.
A renglón seguido, insistió en que el recrudecimiento del conflicto armado en 2025 las ha obligado a enfrentar los flagelos asociados al conflicto armado, luego de largos períodos de desplazamiento en albergues de Buenaventura y Cali.
“La intensificación del conflicto armado durante lo corrido del 2025 ha provocado que las comunidades retornadas estén viviendo nuevamente la violencia: 40 confinamientos masivos y nuevos desplazamientos, como las 46 familias de la Comunidad La Esperanza ocurridos en la Semana Santa”, detalló Marín.
Finalmente, denunció homicidios selectivos, presencia de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados, reclutamiento forzado de menores, desapariciones y violencia sexual.
