Durante un almuerzo con periodistas en Neiva, la precandidata presidencial María Fernanda Cabal denunció redes de trata, corrupción en las instituciones y criticó con dureza la paz total, la autonomía universitaria y la prohibición del glifosato, afirmando que Colombia vive bajo un modelo de claudicación del Estado.
En una intervención frontal y sin filtros durante un almuerzo con periodistas en la ciudad de Neiva, la aspirante presidencial María Fernanda Cabal lanzó una fuerte arremetida contra el Gobierno de Gustavo Petro, denunciando corrupción, el uso político de los resguardos indígenas, la parálisis del Estado frente al narcotráfico y la desmoralización de la Fuerza Pública. “Nos hemos convertido en un Estado fallido”, sentenció la congresista, visiblemente indignada.
“Si es que a mí me cuenta la Policía cosas que no cuenta en público… Cogimos un carro, llevaban niños, cogen las niñitas indígenas del Cauca y se las llevan para San José del Guaviare. Eso es así, en camionetas de la Unidad Nacional de Protección”, denunció Cabal, sugiriendo la existencia de redes de trata de personas facilitadas con complicidad institucional.
La senadora también apuntó contra la falta de motivación de los miembros de la Fuerza Pública, enfrentados, según ella, a un sistema que los traiciona desde dentro: “¿Con qué estímulo un policía, un soldado hace su trabajo? Si atrás tenés al delegado diciendo: ‘Déjanos pasar y te tiramos un billete’”.
En otro momento de su discurso, cuestionó fuertemente el uso del principio de autonomía universitaria como escudo para el vandalismo, recordando casos de ataques con explosivos artesanales dentro de campus universitarios. “¿Y si es tu hijo el que quedó descerebrado, vos te aguantás el cuentico de la autonomía?”, dijo, aludiendo a la pasividad estatal frente a la violencia dentro de las universidades públicas.



Ataque directo a la política de paz total
Para Cabal, la política de “paz total” del gobierno de Petro ha servido para legalizar zonas controladas por grupos armados ilegales: “Esas mesas regaditas por todo el país son un negocio para dejar despejada la ruta, llenarla de milicianos, ponerle un moño de ‘zona de reserva campesina’ y atracar a la Fuerza Pública”. La senadora insistió en que no puede haber diálogo con estructuras criminales, sino sometimiento a la justicia.
Criticó también que los resguardos indígenas sean considerados “territorios vedados”, cuando, en su concepto, son zonas clave para el narcotráfico. Afirmó que entre el 12 % y el 15 % de la coca se produce en territorios indígenas y pidió cortar las transferencias económicas del Estado hacia ellos: “Si van a vivir de la coca y de la ilegalidad, hay que meter preso al que cultiva”.
Glifosato, Corte Constitucional y “leyes ilegítimas”
Uno de los puntos más polémicos de su intervención fue su defensa del uso del glifosato como herramienta de erradicación. Recordó con desprecio el día en que, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, el Consejo de Política Criminal se apoyó en un estudio no concluyente para suspender su uso. “Hasta con el argumento de que la peluquería daba cáncer… ¿hasta cuándo uno se deja imponer leyes ilegítimas?”, expresó.
Para Cabal, la suspensión del glifosato fue una rendición del Estado ante el narcotráfico. “Había que matar a los muchachos, soldados y policías, a perder sus piernas y su vida porque no se puede fumigar”, ironizó, cuestionando la lógica detrás de la decisión de prohibir esta herramienta.
La voz más radical de la oposición
La intervención de María Fernanda Cabal en Neiva dejó claro que se posiciona como la voz más dura contra el Gobierno de Gustavo Petro. Con un tono vehemente y sin concesiones, reiteró que el país está sumido en una guerra no declarada, donde la legalidad retrocede y los criminales se fortalecen al amparo del discurso de paz.
“Nos han amarrado tanto, que nos quedamos sin respirar”, concluyó, en una de sus frases más dramáticas, mientras los asistentes asentían ante cada golpe verbal.
La senadora continúa así su recorrido por el país, no solo como figura clave de la oposición, sino como posible carta presidencial para 2026, capitalizando el malestar creciente en sectores que ven con preocupación el avance de los grupos ilegales, la falta de autoridad y la desinstitucionalización de Colombia.