El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que no podrá arrancar el nuevo modelo de pasaportes el 1 de septiembre. La senadora Angélica Lozano denuncia improvisación, falta de presupuesto y riesgo de una crisis institucional que afectaría a millones de ciudadanos.
A menos de dos meses de que expire el actual contrato para la expedición de pasaportes, la Cancillería colombiana confirmó oficialmente que el nuevo modelo no estará listo para entrar en operación el 1 de septiembre, como lo había anunciado el Gobierno Nacional.
Así lo reconoció en respuesta a un derecho de petición radicado por la senadora Angélica Lozano, quien desde hace más de un año ha alertado sobre los riesgos que enfrenta este proceso.
Según el documento enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a la fecha no existe un acuerdo firmado con la Casa de la Moneda de Portugal, entidad encargada de producir los nuevos pasaportes.
Además, se advierte que incluso si se firma hoy el convenio, se requerirían al menos 35 semanas para iniciar operaciones, debido a los tiempos de implementación exigidos por el proveedor europeo.
La situación se agrava por la falta de una planta nacional habilitada, un cronograma oficial de implementación y la ausencia de vigencias futuras constituidas que aseguren recursos para garantizar la continuidad del servicio más allá del 7 de agosto de 2026.
«La Cancillería ha confirmado por escrito que no hay acuerdo con Portugal, que no hay planta de producción lista y que no hay presupuesto asignado. Es gravísimo. Están improvisando con un documento fundamental para millones de colombianos», denunció la senadora Lozano.
Además, la legisladora señaló que, pese a que el jefe de despacho, Alfredo Saade, ha descartado una “urgencia manifiesta”, la Cancillería ya prepara los documentos precontractuales para suscribir un nuevo contrato con Thomas Greg & Sons, actual operador del sistema, como salida temporal ante la inminente crisis.
El contrato vigente vence el 31 de agosto de 2025, y de no adoptarse medidas urgentes, el país podría enfrentar una interrupción total en la expedición de pasaportes, afectando a ciudadanos dentro y fuera del país.
“No se trata de un simple trámite administrativo. Hablamos del documento que permite viajar, trabajar, estudiar o reunirse con la familia. Si el Estado no garantiza su continuidad, vulnera derechos fundamentales. Hago un llamado a los órganos de control a actuar con urgencia”, concluyó Lozano.
