En una fuerte crítica a la directiva de la Fiscalía, María Fernanda Cabal aseguró que permitir la no judicialización de ciertos actos delictivos durante las manifestaciones pone en peligro la seguridad del país.
La senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, ha anunciado que presentará una demanda contra la polémica directiva 001 de la Fiscalía, emitida el pasado 10 de septiembre que flexibiliza comportamientos de alteración del orden público durante las manifestaciones como el irrespeto a los servidores públicos y daños a la infraestructura.
Según Cabal, esta medida es abiertamente inconstitucional, ya que permitiría a la Fiscalía modificar la interpretación del Código Penal, lo que considera una invasión a las competencias del Congreso.
La directiva en cuestión, firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, establece cuestionadas directrices que supuestamente buscan la protección del derecho a la protesta pacífica y limitan las sanciones penales de conductas que se presentan en el marco de manifestaciones, como el irrespeto a servidores públicos.
Sin embargo, Cabal ha criticado duramente este enfoque. En una entrevista con la emisora La W, afirmó que la medida es “ambigua, contradictoria y maniquea”. En sus declaraciones, la senadora señaló que esta directiva está alineada con los intereses del presidente Gustavo Petro, quien ha defendido el derecho a la protesta en medio de denuncias de un presunto plan para destituirlo.
Recordó los eventos violentos ocurridos durante el Paro Nacional de 2021, que dejó importantes secuelas en la seguridad y el orden público del país. “¿Será que no vivimos el secuestro del oeste y del sur de Cali? ¿Será que no vivimos la tragedia de cómo quemaron los CAI?”, exclamó. Según la senadora, las cifras fueron alarmantes: 996 policías heridos, 3 asesinados y 7 secuestrados durante las protestas.
Para la líder opositora, flexibilizar la sanción de conductas delictivas en medio de protestas enviaría un mensaje equivocado a quienes actúan con violencia bajo el pretexto de la manifestación social.
Críticas a la interpretación de la Fiscalía
Uno de los puntos más controversiales para la congresista es la interpretación de la Fiscalía respecto a la alteración del orden público. Según la directiva, las manifestaciones pueden llevar a «situaciones caóticas» en las que los actos delictivos, como la violencia o los daños a la infraestructura, pueden ser cometidos bajo «ánimos exacerbados» y no con una determinación criminal. Esta interpretación, en opinión de Cabal, debilita la capacidad del Estado para castigar de manera efectiva a los responsables de actos vandálicos.
La senadora manifestó su preocupación por las consecuencias que esta interpretación podría traer a la seguridad del país. “Esto es tan grave. Aquí no va a haber forma de contener a los vándalos”, advirtió.
Según ella, la Fiscalía estaría renunciando a su responsabilidad constitucional de perseguir el crimen, abriendo la puerta a una peligrosa laxitud en la respuesta del Estado frente a disturbios graves.
La constitucionalidad en juego
Para Cabal, el problema más grave radica en que la Fiscalía estaría legislando, una función reservada exclusivamente al Congreso. En su intervención, la senadora aseguró que esta directiva no solo cambia la interpretación del Código Penal, sino que también vulnera el principio de separación de poderes.
“El efecto más grave de todos es que la fiscal está legislando, y quien legisla es el Congreso”, afirmó la dirigente, subrayando que esta directriz podría llevar a los fiscales a cometer prevaricato.
La senadora fue más allá al advertir a los fiscales que no sigan la directiva, ya que podrían enfrentarse a denuncias penales por aplicar una norma que considera inconstitucional. Cabal resaltó que la medida debilita la aplicación de la ley y expone al Estado a un descontrol frente a la violencia en manifestaciones.
La senadora no está sola en su rechazo a la directiva 001. El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, se sumó a las críticas, señalando que ninguna directiva puede estar por encima de la ley.
Motoa hizo un llamado a respetar la supremacía constitucional, afirmando que cualquier medida que contradiga la legislación vigente debe ser impugnada ante las autoridades competentes. «Hay un valor supremo constitucional: el de la supremacía normativa», enfatizó, sugiriendo que la directiva podría ser demandada ante el Consejo de Estado.
La democracia en peligro
En una reciente entrevista con Vicky Dávila en Semana, Cabal expresó su desazón por la situación actual y lanzó duras críticas a la administración de Petro, subrayando que la promesa de cambio realizada por el gobierno ha resultado ser un fracaso.
“Es desalentador ver hasta dónde hemos llegado. Se lo digo con franqueza. Es aún más desalentador saber que quien puso a Petro en el poder fue Juan Manuel Santos. Es desconsolador observar cómo se juega con un país que tiene derecho a vivir mejor, cuando la promesa de cambio resultó ser una promesa de fracaso,” afirmó.
La congresista pidió a abogados, veedores y activistas que protejan los avances logrados y exijan la corrección de actos que consideró inconstitucionales, ilegales y fraudulentos, abarcando tanto al Gobierno como a otras entidades estatales como la Fiscalía.
Cabal advirtió que las elecciones presidenciales de 2026 podrían estar en peligro debido a la creciente influencia de grupos armados ilegales en diversas regiones del país. “¿Cómo se van a llevar a cabo elecciones en El Plateado (un corregimiento del municipio de Argelia, departamento del Cauca), si ya vimos que secuestraron a una concejala? ¿Cómo se pueden hacer elecciones en el Catatumbo? ¿Cómo pueden realizarse elecciones en zonas donde la criminalidad asesina continuamente y el Gobierno guarda silencio?”, cuestionó la senadora durante su intervención en el programa Vicky en Semana.
Estado de caos
La congresista del uribismo también comparó la situación actual con los años noventa, sugiriendo que la administración de Petro está fomentando un “Estado de caos”. Según Cabal, el gobierno está otorgando complacencia a la criminalidad, lo que, a su juicio, beneficiaría al presidente Petro.
En cuanto a las Fuerzas Armadas de Colombia, la líder opositora aseguró que la directriz gubernamental las pone en una situación comprometida, particularmente a la Policía Nacional. Según Cabal, esta política empodera a los “vándalos”, quienes en muchos casos no serán detenidos.
“El Gobierno está indicando a los policías que no actúen hasta que no estén quemando el CAI o incendiando otros lugares. Esta política está dando licencia al vandalismo, que se disfraza de protesta pacífica, y está atando las manos de la Fuerza Pública. Hoy no tenemos quien nos defienda porque esta actitud de la Fiscalía solo llevará a que la violencia empeore,” concluyó.
