Aumenta la preocupación por la seguridad de los líderes sociales en Colombia: 43 asesinatos registrados hasta la fecha

En lo que va de abril se han presentado tres casos. La situación es crítica para los líderes sociales.

Según datos proporcionados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la cifra de líderes sociales asesinados en Colombia ha alcanzado un alarmante número de 43 hasta la fecha.

Esta preocupante tendencia se ha agravado con el reciente asesinato del líder social, abogado y veedor, Jaime Alonso Vásquez, ocurrido el pasado domingo en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.

Alonso Vásquez, reconocido por su labor en la lucha contra la corrupción en entidades públicas, fue brutalmente asesinado con arma de fuego mientras se encontraba en un establecimiento público del barrio La Riviera.

Este trágico suceso se suma a otros dos casos ocurridos en apenas 15 días durante el mes de abril, registrados en las regiones de Caldas y Arauca.

La escalada de violencia contra los líderes sociales ha generado un clima de zozobra e incertidumbre entre los habitantes del país.

¿Gobierno del cambio?

Resulta paradójico que, en medio de un Gobierno que promueve la paz total, como el actual, el silencio oficial frente a esta preocupante situación sea la constante. La pasividad gubernamental ante los crímenes que afectan a defensores de derechos humanos y líderes comunitarios resulta incomprensible para muchos ciudadanos.

En el mes de marzo, se registraron 13 casos adicionales en diferentes ciudades, lo que evidencia un panorama crítico que exige respuestas contundentes por parte de las autoridades.

En este contexto, surgen críticas hacia el presidente Gustavo Petro, quien, según la percepción de algunos sectores de la sociedad, parece mostrar más interés por conflictos internacionales, como el de Israel y Palestina, que por la seguridad y protección de sus propios conciudadanos.

Ante este preocupante escenario, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos exigen acciones urgentes por parte del Gobierno para garantizar la vida y la integridad de los líderes sociales en Colombia, así como el esclarecimiento y la justicia para los responsables de estos crímenes atroces.