La Defensoría del Pueblo le pidió al gobierno nacional que lidere la implementación de la política integral migratoria.
El represamiento de migrantes a raíz del cese de actividades de empresas transportadoras marítimas en Turbo y Necoclí, en Antioquia, amenaza con generar crisis el servicio de salud, la recolección de residuos sólidos y el abastecimiento de alimentos, problemáticas que afectarían tanto a las personas de distintas nacionalidades en tránsito como a los pobladores.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, si el cese de ese tipo de transporte continúa la situación se tornaría caótica, puesto que hay un flujo de 1 000 a 2 000 migrantes por día en la región del Urabá antioqueño.
“La situación podría colapsar la capacidad instalada de Turbo y Necoclí, puesto que no habría planes ni estrategias para atenderlos y tampoco el espacio necesario donde puedan resguardarse mientras reinician su travesía”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El paro de transporte marítimo se dio como protesta contra operativos que adelantaron las autoridades el fin de semana anterior y en los que hubo capturas de personas que formarían parte de las empresas dedicadas al traslado de pasajeros.
Debido a esto, Camargo Assis hizo un llamado al gobierno nacional para que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia, lidere la implementación de la política integral migratoria, contemplada en la Ley 2136 del 2021, y oriente a las entidades territoriales en la gestión migratoria.
“La migración debe ser segura, ordenada, regular y en condiciones de dignidad humana, por lo tanto, el Estado colombiano debe garantizar una gobernanza migratoria, de acuerdo con las obligaciones que ha adquirido en los tratados internacionales firmados y ratificados”.
