En Colombia, la violencia sigue en aumento, con 57 masacres reportadas en lo que va de 2024 y ataques recurrentes a la Policía Nacional. Tras el asesinato de dos policías en Huila a manos de las disidencias de las FARC, la senadora María Fernanda Cabal arremetió contra el gobierno de Gustavo Petro, señalando que su política de “Paz Total” ha fracasado.
El deterioro de la seguridad en los municipios colombianos ha sido un tema de creciente preocupación en los últimos meses. Con masacres, tomas guerrilleras y ataques directos a estaciones de policía, la violencia se ha intensificado de manera alarmante.
Este repunte de la criminalidad y el fortalecimiento de grupos armados ilegales han generado una fuerte reacción por parte de varios sectores políticos, especialmente de la oposición, que cuestiona la estrategia de «Paz Total» promovida por el presidente Gustavo Petro.
El asesinato de dos miembros de la Policía Nacional en Nátaga, Huila, el 10 de octubre, fue el último golpe que sacudió al país y evidenció la compleja situación que enfrentan las fuerzas de seguridad en zonas afectadas por el conflicto armado. La senadora María Fernanda Cabal expresó su indignación en redes sociales tras el hecho.
«Nuestro sentimiento de solidaridad con la Policía Nacional y las familias del Intendente Leonardo Trujillo y el Patrullero Carlos Andrés Hernández; asesinados por los terroristas de las FARC en Nátaga-Huila. Este es otro resultado de la falsa ‘paz total’ de Petro», escribió en su cuenta de X (antes Twitter).
La violencia recrudece en medio de la “Paz Total”
Los eventos recientes en Nátaga no son un caso aislado. Según el más reciente informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la masacre número 57 de 2024 fue reportada el 10 de octubre en Barrancabermeja, Santander.
En esa ocasión, tres personas fueron asesinadas en el asentamiento humano Campo Verde por sicarios, quienes dispararon a quemarropa mientras las víctimas se encontraban en un establecimiento local. Este trágico hecho refleja el preocupante incremento de la violencia en el país, en un contexto donde el gobierno de Petro ha mantenido un silencio notable ante la escalada de los homicidios colectivos.
A lo largo de 2024, las masacres se han convertido en una constante. Solo en el fin de semana comprendido entre el 4 y 6 de octubre se registraron cuatro masacres con un saldo de 12 víctimas, y dos adicionales el lunes 7 de octubre que dejaron seis muertos más. En total, el país ha sido testigo de 57 masacres en apenas 10 meses, lo que contrasta fuertemente con las expectativas generadas por el proyecto de «Paz Total» que el presidente Petro anunció como una de sus grandes apuestas para desescalar el conflicto armado en el territorio nacional.
Esta estrategia de paz, que busca negociar simultáneamente con varios grupos armados y desmovilizados, ha sido criticada por varios sectores de la oposición. Señalan que, lejos de pacificar las zonas más afectadas por la violencia, ha permitido un reagrupamiento de las disidencias de las FARC, el ELN y otros actores armados ilegales que han encontrado en la falta de presencia estatal y de una respuesta contundente por parte del gobierno un terreno fértil para recuperar control territorial y aumentar sus actividades criminales.
Cifras alarmantes de violencia en el país
Las cifras proporcionadas por Indepaz son preocupantes: además de las 57 masacres reportadas hasta octubre, también se ha contabilizado el asesinato de 142 líderes sociales en lo que va del año. Entre las víctimas recientes, destaca el caso de Daniel Nolavita, líder indígena del pueblo Kogui en la Sierra Nevada, cuyo cuerpo fue encontrado el 7 de octubre, un mes después de haber sido secuestrado junto con su esposa.
Este crimen es uno de los muchos que han encendido las alarmas entre las organizaciones defensoras de derechos humanos, que cuestionan la efectividad de las políticas gubernamentales para proteger a las comunidades más vulnerables.
El asesinato de firmantes del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC también sigue en aumento. Según Indepaz, ya se han reportado 25 firmantes asesinados en 2024, una cifra que pone en entredicho el compromiso del Estado con la implementación de los acuerdos de La Habana y la protección de quienes decidieron dejar las armas en 2016.
Críticas de la oposición: “Falsa paz”
María Fernanda Cabal ha sido una de las voces más críticas frente a la política de «Paz Total» del gobierno Petro. En múltiples ocasiones, la senadora ha señalado que esta estrategia no solo es ineficaz, sino que ha exacerbado la violencia en el país. Sus declaraciones tras el asesinato de los dos policías en Nátaga se suman a una larga lista de cuestionamientos sobre la capacidad del gobierno para controlar la situación de orden público.
La líder opositora ha enfatizado en que el gobierno ha sido permisivo con los grupos armados, otorgándoles espacios de poder en zonas rurales y debilitando la institucionalidad. Para la senadora, esta situación ha derivado en un aumento de masacres, extorsiones y desplazamientos forzados, lo que contrasta con las promesas de paz y reconciliación que Petro hizo durante su campaña.
La «Paz Total» ha sido defendida por el gobierno como una alternativa al enfoque militarista de sus predecesores, argumentando que la única vía para lograr una paz duradera es a través del diálogo con todos los actores del conflicto. No obstante, los críticos como Cabal señalan que los resultados son evidentes: el incremento de la violencia y el debilitamiento de las instituciones de seguridad.
El silencio del gobierno ante la crisis de seguridad
Mientras la oposición y las organizaciones no gubernamentales alzan la voz ante el creciente número de víctimas, Gustavo Petro y sus funcionarios han mantenido un bajo perfil en lo que respecta a la violencia.
A diferencia de administraciones anteriores, que solían responder de manera rápida y contundente a estos hechos, el actual gobierno ha optado por centrarse en otorgarles beneficios a los terroristas con los que está dialogando (que no dan muestras de paz), dejando en segundo plano la respuesta militar y policial a las acciones de los grupos ilegales.
