La entidad de derechos humanos manifestó que el presidente Gustavo Petro no cuenta con autonomía necesaria para realizar reformas por fuera de los lineamientos legales.
Tras los anuncios que ha realizado el presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de hacer una asamblea constituyente, la Defensoría del Pueblo le hizo un fuerte llamado para que, en aras de disminuir la incertidumbre producida, se establezca la ruta a seguir y los mecanismos que se usarían ante una eventual constituyente y de esta forma, mandar las señales correctas de tranquilidad y confianza al mercado y a la economía para no afectar los distintos derechos de los colombianos.
Para la Defensoría del Pueblo, los diferentes anuncios que no han terminado de ser entendidos por la población, establecen un cambio de las reglas de juego sobre los mecanismos para hacer un proceso constituyente, lo que pone en tela de juicio todo el marco jurídico y conceptual que soporta al estado de derecho y a la sociedad.
Incertidumbre económica
La Delegada para los Derechos Económicos , Sociales y Culturales de la Defensoría del Pueblo realizó unas interesantes reflexiones sobre el tema y llegó a la conclusión de que la economía está siendo golpeada por la incertidumbre, las perspectivas de crecimiento económico no son las más favorables para el país que venía con una senda positiva, la inversión se está reduciendo, el desempleo empieza a transitar hacia las cifras de dos dígitos, el ahorro de los colombianos está decreciendo y la morosidad en las carteras bancarias está creciendo. La pobreza sigue latente. La inflación no parece ceder terreno, el valor del peso sigue fluctuando, el endeudamiento y los déficits fiscal están en condiciones poco favorables y el recaudo de la DIAN no ha sido el esperado haciendo que todo esto afecte el goce y disfrute de los derechos económicos y sociales de los ciudadanos.
“Pretender modificar la Constitución y toda la reglamentación que se desprende de ella, crea incertidumbre en los mercados, disminución en la inversión, como un todo, por parte de los diferentes actores de la sociedad civil como inversionistas, empresarios, emprendedores y el mismo ahorro de los ciudadanos y de la inversión extranjera directa”.
Adicionalmente, cuestionó la Defensoría, no queda claro si se mantendría la autonomía y las funciones de las distintas instituciones del Estado que garantizan los pesos y contrapesos del poder y se pone en entredicho la estabilidad jurídica que es garante de mantener una economía saludable que, obviamente, repercute en el goce de los derechos de la población.
La Defensoría del Pueblo recalcó que a pesar de que para el presidente Gustavo Petro las formas para llevar a cabo una asamblea constituyente no importan ni tienen trascendencia, para la sociedad colombiana sí es preocupante ya que estas formas son el garante de un orden jurídico que en últimas repercute en los derechos económicos y sociales de la población.
“Pueden ser afectados el derecho laboral por la posible disminución de la oferta ante un bajo crecimiento económico o una posible recesión, el derecho a la alimentación ante las posibles tasas elevadas de inflación que encarece la canasta básica y los productos de primera necesidad de la población, el derecho a la vivienda por la subida de las tasas de interés, que alejaría a los ciudadanos de la posibilidad de tener vivienda propia.
Debe apegarse a la ley
Además, nunca ha quedado claro cuál es el mecanismo que utilizaría el mandatario para hacer ese cambio de Constitución. No se sabe a ciencia cierta si se van a seguir los lineamientos establecidos en la Constitución o a qué hace referencia en que el poder constitucional está en el constituyente primario, es decir, el ciudadano que elige.
“Somos enfático en reafirmar que, aunque el presidente Gustavo Petro fue elegido proponiendo reformas estructurales para corregir las desigualdades y la pobreza, buscando que con estos planteamientos se pueda generar un ambiente, donde por lo menos en el discurso, se busque reducir las brechas existentes basado en un crecimiento económico más amigable con el medio ambiente, su elección, no le da la autonomía necesaria para realizar sus reformas por fuera de los lineamientos legales”.
El deber del jefe de Estado es gobernar para la totalidad de los ciudadanos y no solamente para aquellas personas que lo eligieron, agregó la entidad.
