La Contraloría denunció irregularidades en 31 contratos relacionados con el programa de ollas comunitarias valorados en 131.812 millones de pesos.
Un exagerado incremento del 700 % en contratación tuvo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para la vigencia 2024, bajo el gobierno de Gustavo Petro, de acuerdo con un análisis que hizo la Contraloría General de la República a la contratación de suministros de carrotanques desde el 2020 hasta la fecha.
Según el ente de control, esa contratación, que asciende a los 37.5 mil millones de pesos, se ha concentrado en los departamentos de Córdoba, La Guajira, Bolívar y Boyacá.
“Estamos atendiendo las advertencias sobre una presunta afectación de dineros públicos por la compra de carrotanques, realizadas por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría (…). Atendiendo el grave menoscabo a la administración pública y el presunto direccionamiento y mal manejo de la contratación de este objeto”, sostuvo Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor en funciones de contralor, quien decidió declarar de impacto nacional los hechos que generaron este inusual incremento de la contratación en la Ungrd.
Además, a la Contraloría le preocupa que la contratación de la Ungrd este focalizada únicamente en tres empresas a las que se les adjudicaron los millonarios contratos. En ese sentido, se investiga también un presunto favorecimiento en la contratación, dirigida a menoscabar el erario público.
“Igualmente se observa la presencia y continuidad de algunas empresas en la adjudicación de los contratos, empresas que vienen presentando incumplimientos en la formalización de los mismos, presuntos sobrecostos y violación a las normas contractuales”. Así las cosas, el organismo abrirá investigaciones por la presunta pérdida de más de 80 mil millones de pesos en la sola contratación de carrotanques, atendiendo sobrecostos, ejecución y funcionabilidad de los proyectos de suministro y abastecimiento de agua potable, en todo el país. Así mismo, compulsará las correspondientes copias a la Fiscalía General de la Nación, puesto que de este estudio se vislumbra la posible ejecución de delitos contra la administración pública, y a la Procuraduría General de la Nación por presuntas faltas disciplinarias.
Corrupción en ollas comunitarias
Luego de un riguroso análisis, la Contraloría también denunció irregularidades en 31 contratos durante el año 2023, valorados en 131.812 millones de pesos, que estaban destinados a la provisión de alimentos para damnificados por el fenómeno de La Niña. Los contratos fueron otorgados por los funcionarios Sneyder Pinilla, exsubdirector de manejo de Desastres y Olmedo López, exdirector de la Unión de Gestión del Riesgo.
Estos 31 contratos también fueron declarados de impacto nacional para que sean investigados por la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, toda vez que fueron otorgados a empresas que no contaban con personería jurídica o cuyo objeto de constitución no guarda relación con las actividades para las que fueron contratadas, carecen de experiencia o son presuntas empresas de papel.
“Se observa, además, un presunto interés indebido en la contratación e incumplimiento en el régimen contractual, por lo que se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación. Estos hallazgos serán objeto de investigaciones adicionales y posibles acciones legales para asegurar que los fondos destinados a los programas de ayuda lleguen efectivamente a quienes más los necesitan”.
Cabe recordar que en este escándalo de corrupción se vieron inmersas la congresista guajira Martha Peralta, del Pacto Histórico, y la de la alcaldesa Albania (La Guajira), Nera Robles, del partido MAIS, a quien, según las denuncias, se le entregaron 21.000 millones de pesos para su campaña política.
De igual forma, el ente de control advirtió un incremento del 160 % en la erogación destinada a la contratación de suministro de maquinaria amarilla en 2023, pasando de aproximadamente 88.000 millones de pesos, durante el 2022, a cerca de 227.000 millones de pesos en la vigencia del año pasado. “Dado el monto investigado, también en este caso, la Contraloría General decidió declarar estos hechos como de impacto nacional, a fin de atender un presunto detrimento patrimonial que pudo causarse por posibles irregularidades tales como: dobles pagos o maquinaria no utilizada”.
