Muchos de los menores, ilegalmente incorporados para la guerra, pertenecen a comunidades indígenas.
De acuerdo con datos suministrados por la Defensoría del Pueblo, en los tres primeros meses del 2024 se han reportado 23 casos de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales en Colombia.
En el departamento del Cauca se han denunciado 13 casos, en Nariño, cinco; Cundinamarca, tres; Putumayo y Huila, uno cada uno. De los 23 casos, diez de ellos corresponden a menores de edad pertenecientes a comunidades indígenas.
“Ningún menor de 18 años en Colombia debe formar parte de los grupos armados ilegales. Por lo mismo, y al ser sujetos de especial protección, como lo dice la Corte Constitucional, deben estar en el seno de sus familias, educándose en escuelas y colegios y no portando un fusil obligados ni bajo el mando de las estructuras armadas al margen de la ley”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El pronunciamiento de la entidad defensora de los derechos humanos fue motivado por las recientes declaraciones del congresista Jonathan Ferney Pulido Hernández (Jota Pe Hernández) en las que asegura que la guerrilla del ELN, al parecer, tiene una licencia para reclutar adolescentes entre los 15 y 17 años.
“El reclutamiento, uso y utilización de menores de edad en el desarrollo del conflicto armado es un delito cruel que no tiene justificación. Infortunadamente, es naturalizado por quienes tienen mentes retorcidas, así como por quienes están al mando de organizaciones al margen de la ley, grupos que lo único que hacen es truncar el porvenir de las nuevas generaciones en nuestro país”, afirmó Camargo Assis.
Panorama nada halagüeño
Durante el 2023, Colombia registró 187 casos de reclutamiento de niños y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales.
Sin embargo, según considera la Defensoría del Pueblo, la cifra pudo ser más alarmante debido al subregistro generado por el silencio de las familias, pues temen ser víctimas de hechos como desplazamientos, amenazas y, en el peor de los casos, asesinatos.
A propósito de este fenómeno, la Defensoría del Pueblo advirtió el año pasado sobre la concentración de las afectaciones por el reclutamiento forzado menores, así como la existencia de «escuelas de entrenamiento» en Toribío, Caldono, Corinto, Buenos Aires y Suárez (Cauca).
“Ningún niño o niña, preadolescente o adolescente puede ser forzado y puesto a disposición de la guerra. El ELN y todos los grupos armados ilegales tienen que entender que los niños no son combatientes, no son instrumentos, no son carne de cañón. Por lo tanto, es oportuno que el gobierno sea contundente en la exigencia del fin de esta práctica en las diferentes mesas de conversaciones, como uno de los inamovibles para seguir negociando”, enfatizó el defensor del Pueblo.
