Un aumento desmedido en las transferencias a las regiones, dentro del Sistema General de Participaciones, podría acarrear un déficit mayor el cual se cubriría con más deuda o impuestos.
El contralor Carlos Hernán Rodríguez destacó la necesidad de cautela en la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) para no comprometer la sostenibilidad fiscal del país. Según Rodríguez, una redistribución de recursos hacia las regiones debe equilibrarse con la estabilidad macroeconómica y las finanzas del Gobierno Nacional Central (GNC), para evitar que se genere un desequilibrio fiscal a nivel nacional.
El contralor subrayó que el principal desafío es fortalecer las finanzas territoriales sin poner en riesgo la estabilidad fiscal del país. «Un aumento desmedido en las transferencias a las regiones podría acarrear un déficit mayor, el cual se cubriría, como suele suceder, con más deuda o impuestos», indicó. Aunque algunos apoyan la medida para que el gobierno nacional delegue ciertas competencias a los gobiernos locales, Rodríguez insistió en la necesidad de un enfoque técnico, y no político, en este debate.
Asimismo, alertó sobre el impacto que la reforma podría tener en la regla fiscal, la calificación crediticia del país, y la posible necesidad de futuras reformas tributarias para cubrir los recursos que el GNC cedería a las regiones. Además, hizo un llamado al Congreso para crear la Comisión Octava Constitucional de Asuntos Territoriales, para mejorar la especialización en la revisión de proyectos de ley relacionados con temas territoriales.
El contralor destacó también que, para garantizar la sostenibilidad de esta descentralización, la implementación de la reforma al SGP debe estar condicionada a una ley que asigne competencias específicas y asegure recursos para el nivel central. Advirtió que cumplir con esta condición en un plazo de seis meses representará un reto en términos de consenso político, ya que “si la política técnica se politiza, se corre el riesgo de comprometer el bienestar de futuras generaciones”.
Por último, Rodríguez enfatizó que una verdadera descentralización exige la modernización y transformación de la administración pública en todos los niveles de gobierno. También subrayó la necesidad de garantizar que, si se reducen los recursos del Gobierno Nacional Central, este aún pueda cumplir con sus obligaciones, como la deuda externa y el sector militar, sin afectar la calificación de riesgo del país.
Este debate sobre la descentralización fiscal y el rol de las regiones en la gestión de sus propios recursos cobra relevancia en medio del avance de un Proyecto de Acto Legislativo para modificar el SGP y la recolección de firmas para un referéndum sobre las relaciones fiscales entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales.
