La primera diligencia se vio frustrada porque la Policía Nacional evidenció la presencia de menores de edad y adultos mayores. Las acciones ligadas a la ocupación ilegal de predios son tipificadas como delito y tienen penas de hasta ocho años de cárcel.
Tras casi 48 horas de interacción constante con los ocupantes ilegales, persiste la invasión de la hacienda La Motilonia, ubicada en zona rural del municipio de Codazzi, en el departamento del Cesar.
El predio, donde funciona un campo experimental de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), fue ocupado la madrugada del lunes 3 de marzo por un grupo de aproximadamente 50 familias, las cuales se apostaron en el lugar exigiendo tierra para trabajar.
Funcionarios de Agrosavia, según pudo establecer Agencia Periodística de Noticias (APN), activaron los protocolos legales para iniciar el proceso de desalojo, el cual fue inicialmente suspendido por la presencia de niños y adultos mayores en el lugar.
Horas después, un grupo interadministrativo conformado por el comandante de la Policía de Codazzi, la comisaría de familia, el personero municipal y un representante de la Secretaría de Gobierno, estuvo en el predio dialogando con los ocupantes ilegales para lograr el desalojo pacífico.
Luego de la conversación con las autoridades competentes en estos casos, las personas involucradas en la invasión se comprometieron verbalmente a desalojar, sin embargo, hasta el cierre de esta edición, medio día del martes 4 de marzo, siguen en la propiedad.
La situación en Codazzi por el tema de la tierra sigue siendo tensa no solo en la hacienda La Motilonia, sino también en otras fincas que vienen siendo objeto de amenazas de ocupación ilegal.
Es oportuno en este punto indicar, que estas acciones están tipificadas como delito por el Código Penal Colombiano y acarrean sanciones que pueden alcanzar los 90 meses de prisión.
Finalmente, Fernando Murillo Orrego, estratega de seguridad de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), concluye que, en este tipo de situaciones, donde es patente la intención de perpetuarse en el predio, se requiere una acción más decidida por parte de las autoridades para restablecer el orden y restituir el derecho de dominio a los propietarios afectados.
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