En lo corrido de 2026 ya se reportan cinco afectaciones graves en Antioquia, Córdoba y Magdalena. El gremio exige intervención inmediata del Gobierno, cronogramas verificables y soluciones definitivas para evitar que las medidas temporales se vuelvan permanentes.
La infraestructura vial del país enfrenta una presión creciente que ya no puede atribuirse únicamente a fenómenos climáticos. El colapso y deterioro de puentes en corredores estratégicos encendió las alarmas del sector transportador, que advierte un riesgo sistémico para la movilidad nacional y la estabilidad económica de varias subregiones.
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones firmantes alertaron que el país acumula 29 eventos críticos en estructuras de paso vehicular durante los últimos años, una tendencia que consideran insostenible. “Las cifras recientes son alarmantes en materia de infraestructura y no deberían ser normales en ningún país”, advierte el documento.
El análisis gremial señala que el problema se ha intensificado desde 2023, periodo en el que se concentra la mayoría de los casos registrados. Para el sector, esta recurrencia evidencia fallas estructurales en mantenimiento y prevención. “No vemos una gestión diligente y oportuna frente a esta otra emergencia que estamos viviendo”, sostienen los transportadores.
Durante los primeros meses de 2026, cinco puentes presentaron fallas estructurales o colapsos que afectan corredores clave en el Urabá antioqueño y en los departamentos de Córdoba y Magdalena. Estas interrupciones no solo limitan el tránsito de carga y pasajeros, sino que encarecen los costos logísticos, alteran las cadenas de suministro y reducen la competitividad regional.
Advierten, además, que las demoras en la atención agravan el impacto económico. Sobre uno de los corredores afectados, señalan que la presencia institucional tardó semanas sin que se restableciera el paso. “A la fecha no se ha logrado habilitar la movilidad en ninguna de las novedades reportadas”, indica el pronunciamiento.
El documento también cuestiona la dependencia de soluciones provisionales. Para los transportadores, las estructuras temporales se prolongan sin que se concreten obras definitivas. “Lo que debería ser una medida transitoria termina operando durante años sin solución estructural”, advierten, al recordar experiencias previas en otros corredores nacionales.
Más allá del impacto económico, el sector subraya consecuencias sociales directas. La interrupción de corredores estratégicos dificulta el acceso a servicios básicos en zonas rurales y afecta el abastecimiento regional. “Esta situación impacta a empresas, conductores y a cientos de familias cuyo sustento depende de la actividad transportadora”, enfatizan.
Frente a este panorama, las organizaciones exigen que el Gobierno incorpore la crisis de puentes como prioridad en la agenda del sector transporte. Entre las solicitudes se incluyen intervención técnica inmediata, cronogramas públicos de reparación y recursos asegurados para soluciones definitivas. “Se requiere una respuesta estatal ágil, coordinada y proporcional a la magnitud de la emergencia”, concluye el pronunciamiento.
Finalmente, el sector advierte que la repetición de emergencias sin respuestas estructurales amenaza la sostenibilidad del servicio público de transporte y pone en entredicho la capacidad del Estado para garantizar la conectividad territorial. La crisis, señalan, exige decisiones urgentes antes de que los daños se conviertan en un obstáculo permanente para el desarrollo regional.
