La medida, justificada por amenazas, bloqueos y pérdida de control institucional, coincide con el aumento de homicidios en Magdalena, Cesar y La Guajira y, alertas de organismos de derechos humanos. Analistas advierten que lo que ocurre en el Tayrona confirma la expansión de la gobernanza criminal en corredores estratégicos de la Sierra Nevada y la Troncal del Caribe.
El cierre total del Parque Nacional Natural Tayrona, dispuesto mediante la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, marca un punto de inflexión en la relación entre seguridad pública y gestión ambiental en el Caribe colombiano. Aunque la medida se fundamenta en riesgos inmediatos dentro del área protegida, su alcance revela un deterioro más profundo del control institucional en territorios estratégicos donde confluyen economías ilegales, presión armada y disputas por gobernanza.
De acuerdo con el acto administrativo, la decisión busca “minimizar los riesgos a la vulneración de los derechos constitucionales y fundamentales a la vida, la integridad física, psíquica y moral, la seguridad y la libertad” de guardaparques, turistas y comunidades. En consecuencia, se prohibió el ingreso de visitantes y prestadores de servicios ecoturísticos mientras persistan las condiciones que dieron origen a la medida, subrayando la incapacidad temporal del Estado para garantizar seguridad plena en el área.
Los hechos que precipitaron el cierre se intensificaron desde el 11 de febrero, cuando una intervención en el sector Cañaveral permitió desmontar construcciones ilegales y recopilar pruebas por ocupación indebida de zonas de especial importancia ecológica. Según la Oficina de Gestión del Riesgo, estas actuaciones evidenciaron delitos conexos que “afectan la gobernabilidad y gobernanza del PNN Tayrona y ponen en riesgo al personal de la entidad”, lo que obligó a reforzar medidas de protección y control.
Paralelamente, ese mismo día, denuncia la entidad, circularon videos con amenazas directas contra la jefatura del área protegida, mientras se registraban actos intimidatorios en los accesos al parque: personas impidieron el ingreso del personal y exigieron el retiro de uniformes, generando un “riesgo inminente a la vida e integridad del personal que labora en el Parque Tayrona”.
Este escenario de coacción directa contra la autoridad ambiental obligó a suspender actividades operativas y evidenció la fragilidad institucional frente a presiones ilegales. La situación escaló el 16 de febrero con bloqueos en los accesos de El Zaino, Calabazo y Neguanje. Grupos de comunidades locales e indígenas impidieron el ingreso de funcionarios, realizaron cobros no autorizados y permitieron el acceso de visitantes sin controles, lo que obligó al personal a abandonar las instalaciones.
Desde Parques sostienen que el desacato a la suspensión previa del sector Cañaveral, anunciada el 15 de febrero tras daños en la infraestructura por lluvias, evidenció la dificultad para hacer cumplir las medidas. Asimismo, precisaron que la apertura forzosa del área y “el ingreso irregular de visitantes no solo pusieron en riesgo la integridad de turistas, sino que también debilitaron la autoridad ambiental y consolidaron prácticas de ocupación ilegal”.
Este escenario local se inserta en un panorama regional crítico. Durante 2025 se registraron 1.272 homicidios en Magdalena, Cesar y La Guajira, según la Plataforma de Derechos Humanos PDHAL. Magdalena concentró 615 casos (+6,83 %), Cesar 386 (+4 %) y La Guajira 271 (+18 %). Para su director, Lerber Dismas, “estos números no se pueden leer solo como estadísticas; obedecen a un conflicto presente en el territorio”, asociado a la ausencia de una política de seguridad efectiva.
En esa misma línea, la Defensoría del Pueblo ha advertido en reiteradas ocasiones el riesgo de violaciones a derechos fundamentales y el despliegue de dispositivos de control territorial por parte de actores armados. Por ejemplo, en la Alerta Temprana 020 de 2025, señala presiones contra servidores públicos encargados de la protección ambiental, un patrón que coincide con los hechos registrados en el Tayrona y que confirma la expansión de formas de gobernanza criminal en áreas protegidas.
Aunque el cierre impacta la economía local y el turismo, las autoridades sostienen que la medida es necesaria para proteger la vida y restablecer el control institucional. La resolución exhorta a visitantes y actores locales a rodear el área protegida “como sujeto especial de protección”, mientras se coordinan acciones interinstitucionales para recuperar la seguridad y la gobernanza.
En síntesis, analistas y defensores de derechos humanos coinciden en que el caso Tayrona ilustra cómo la crisis de seguridad del Caribe colombiano ha comenzado a penetrar incluso los territorios destinados a la conservación. La persistencia de amenazas, bloqueos y homicidios cuestiona la efectividad de la política de “paz total” en la región y confirma que, en zonas estratégicas, la autoridad estatal continúa en disputa frente a estructuras que imponen control territorial y redefinen la gobernanza local.
