La crisis actual combina desgaste institucional, recomposición criminal y un impacto humanitario creciente. Confinamientos masivos, desplazamientos y ataques a misiones médicas dibujan un escenario de alta vulnerabilidad civil. Ideaspaz subraya que mantener negociaciones sin ajustes operativos profundos puede ampliar los riesgos.
El arranque de 2026 encuentra a Colombia en un escenario de deterioro acumulado de la seguridad que combina expansión armada, crisis humanitaria y debilidad estatal para recuperar control territorial. En ese diagnóstico, la Fundación Ideas para la Paz (Ideaspaz) advierte que “el panorama de seguridad con el que inicia 2026 está marcado por el fortalecimiento de los actores ilegales”, acompañado de dificultades persistentes del Estado para contener esa recomposición. El informe describe un conflicto que no se congela, sino que se reorganiza con mayor capacidad de adaptación.
Bajo ese telón de fondo político, el documento sostiene que “el 2026 arranca con la política de Paz Total golpeada por escándalos” y con un reconocimiento extendido sobre sus límites, incluso dentro del Ejecutivo. A renglón seguido, señala que las mesas continúan activas, pero “acumulan compromisos que difícilmente se podrán cumplir”, mientras el Gobierno amplía escenarios de diálogo sin capacidades suficientes para conducirlos. Esa combinación, según el análisis, erosiona la credibilidad institucional en medio del deterioro territorial.
En paralelo, el crecimiento del pie de fuerza ilegal se mantiene incluso en el corto plazo. De acuerdo con Ideaspaz, “entre julio y diciembre de 2025, el pie de fuerza aumentó un 7%”, lo que confirma una aceleración sostenida del reclutamiento. Hoy las estructuras armadas reúnen 27.121 hombres en armas y redes logísticas, y el informe proyecta que podrían “reunir cerca de 30.000 integrantes” en el próximo ciclo político, una escala que obligará a replantear la arquitectura de la política de seguridad.
Colapso humanitario
Más allá del componente militar, la expansión incluye redes de control social que consolidan gobernanza criminal en los territorios. El documento precisa que el aumento se presenta “tanto en hombres en armas (+20%), como en redes de apoyo (+27%)”, estructuras que garantizan vigilancia, regulación cotidiana y cumplimiento de órdenes armadas. En cifras absolutas, Ideaspaz calcula que “más de 5.000 nuevos integrantes se sumaron” a estas organizaciones en un solo año, con el Clan del Golfo liderando el crecimiento.
Frente a esa dinámica, la conclusión del informe es categórica: “ni las acciones militares, ni las negociaciones… han logrado reducir la capacidad de reclutamiento” de los grupos armados. Ese fortalecimiento coincide con un récord de confrontaciones: durante 2025 los enfrentamientos crecieron 34% y el mapa de la guerra se expandió hasta registrar 13 zonas activas de disputa, casi el doble que al inicio del actual gobierno.
El impacto humanitario aparece como el eje más alarmante del análisis. Según la ONG, “las cifras de desplazamiento forzado y confinamiento alcanzaron niveles que no se veían” desde el inicio de la implementación del acuerdo de paz. Más de un millón de personas quedaron atrapadas por restricciones de movilidad, triplicando los registros de 2024, mientras el desplazamiento forzado aumentó 85%, impulsado por la crisis del Catatumbo, que obligó a 92.000 civiles a abandonar sus hogares.
A ese escenario se suma un incremento del 58% en ataques contra infraestructura civil y del 62% contra la Fuerza Pública, junto con 277 ataques con drones explosivos, más del doble que el año anterior. El informe advierte que los grupos no solo expanden presencia armada, sino que profundizan mecanismos de control social, desde carnetización hasta vigilancia permanente sobre liderazgos comunitarios, alterando la vida cotidiana de regiones enteras.
Finalmente, la evaluación institucional es severa: Ideaspaz sostiene que la respuesta estatal sigue siendo reactiva, con debilitamiento de inteligencia y escasa capacidad de anticipación. Mantener negociaciones, advierte el documento, no puede traducirse en permisividad frente al control ilegal del territorio. El reto inmediato no es exclusivamente militar: es institucional, humanitario y político y de su resolución dependerá que la expansión armada no termine definiendo el margen real de la paz.
