La EPS advirtió que las medidas judiciales, ordenadas por varios juzgados del país, comprometen seriamente la prestación de servicios de salud y amenazan la atención de más de 11,7 millones de afiliados.
Nueva EPS alertó que los embargos judiciales vigentes en su contra ya superan los $2,1 billones, una cifra que, según la entidad, afecta de manera directa su funcionamiento y pone en riesgo la continuidad de la atención en salud para millones de usuarios en el país.
De acuerdo con la compañía, el monto total de las medidas cautelares asciende a $2.125.890.449.360 y fue ordenado por cuatro juzgados, un valor que equivale aproximadamente a los recursos necesarios para cubrir un mes completo de operación de la EPS.
La entidad explicó que los embargos han venido aumentando de forma acelerada. En noviembre de 2025, las sumas retenidas pasaron de $422.000 millones a $887.000 millones y, en las últimas semanas, el valor se duplicó hasta superar los $2 billones. Para Nueva EPS, este escenario compromete la atención de más de 11 millones 700 mil afiliados en todo el territorio nacional.
Según el comunicado, las medidas han generado bloqueos en cuentas bancarias y retención de recursos, lo que limita de manera severa el flujo de pagos hacia la red de prestadores de servicios de salud y los gestores farmacéuticos. Actualmente, la EPS indicó que solo dispone del giro directo semanal para cumplir con la postulación de pagos a su red, sin posibilidad de utilizar otros recursos de tesorería.
Nueva EPS advirtió que, si los embargos se mantienen, la operación podría verse gravemente afectada, con un impacto directo en su sostenibilidad financiera y en la de cerca de 5.000 prestadores a nivel nacional, muchos de los cuales dependen en gran medida de los pagos de la entidad.
La EPS señaló que las medidas judiciales se concentran en alrededor de 95 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) demandantes, en su mayoría privadas. Los embargos fueron decretados principalmente por juzgados de Florencia y Puerto Rico, en el departamento del Caquetá, así como por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.
Finalmente, la entidad recordó que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) son legalmente inembargables y aseguró que la situación ya fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y la ADRES, mientras adelanta acciones jurídicas para reducir el impacto de las medidas.
