Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos advirtieron que el conflicto armado en el Catatumbo sigue generando desplazamientos masivos, confinamientos y graves afectaciones a niños y adolescentes, especialmente en el acceso a la educación y la salud mental.
La crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo volvió a ocupar un lugar central en el debate público, durante el foro “Catatumbo en guerra: un año de la crisis humanitaria”, convocado por la organización no gubernamental Vivamos Humanos.
En el encuentro se desarrollaron dos paneles en los que integrantes de la Mesa Humanitaria del Catatumbo, víctimas del conflicto y defensores de derechos humanos expusieron el impacto prolongado de la violencia armada sobre la población civil, especialmente en las comunidades rurales.
Camila Cosialpud, directora de Vivamos Humanos, sostuvo que el país enfrenta una de las emergencias humanitarias más severas de las últimas décadas. De acuerdo con las cifras presentadas, más de 100.000 personas han sido desplazadas, numerosas veredas permanecen deshabitadas y miles de familias continúan confinadas en sus territorios. La líder social advirtió que estas estadísticas reflejan una profunda ruptura del tejido comunitario en la región.
Uno de los puntos más críticos abordados durante el foro fue la situación de niños y adolescentes. Carmen García, integrante de la Mesa Humanitaria del Catatumbo y presidenta de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, señaló que el calendario escolar no ha podido iniciar con normalidad debido al desplazamiento forzado y las condiciones de inseguridad.
Según explicó, la problemática va más allá de la falta de escuelas. La presencia de minas antipersonal, los enfrentamientos armados y el uso de drones han convertido los caminos y los centros educativos en escenarios de alto riesgo, generando temor constante entre las familias. A esto se suma el impacto psicológico que deja la violencia, pues muchos menores han perdido familiares o han sido separados de sus padres.
García también alertó sobre el aumento del riesgo de reclutamiento forzado, así como la ausencia de docentes y de atención psicosocial en las zonas más afectadas, factores que agravan la vulneración de derechos de la niñez.
Desde el ámbito jurídico, la abogada y defensora de derechos humanos Judith Maldonado Mojica advirtió sobre un subregistro significativo de las víctimas. Señaló que muchas personas desplazadas desde diciembre aún no han podido declarar los hechos que las afectaron, mientras que otras no han sido valoradas ni incluidas en los registros oficiales, lo que dificulta cualquier proceso de retorno seguro.
Ante la limitada respuesta institucional, organizaciones comunitarias han asumido labores de protección y acompañamiento. García explicó que la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, integrada por cerca de 850 mujeres, creó la fundación Hijos Víctimas del Catatumbo para brindar educación alternativa y espacios deportivos a los menores. Sin embargo, advirtió que los esfuerzos resultan insuficientes sin el respaldo del gobierno nacional.
A un año de la intensificación del conflicto armado en la región, el foro concluyó con un llamado urgente a una intervención integral del Estado que priorice los derechos humanos, la educación y la salud mental, con el fin de evitar que miles de niños continúen creciendo en medio del desplazamiento, el miedo y la violencia.
