Doce agremiaciones del sector energético enviaron una carta al Ministro de Minas y Energía expresando serias preocupaciones técnicas y jurídicas sobre el anteproyecto de Ley de régimen tarifario, alertando sobre efectos negativos para usuarios, sostenibilidad del sistema y estabilidad regulatoria.
Las principales agremiaciones del sector energético colombiano enviaron una carta intergremial al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en la que expresan profundas preocupaciones sobre el anteproyecto de Ley de régimen tarifario propuesto por el Gobierno Nacional.
Aunque reconocen la intención de aliviar la carga tarifaria a los usuarios, los gremios consideran que las medidas planteadas pueden generar efectos adversos sobre la sostenibilidad del servicio, la inversión en el sector y el bienestar de los ciudadanos.
El documento, firmado por los presidentes y directivos de ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS, NATURGAS, ACP, Cámara Colombiana de la Energía, ACCE, AGREMGAS, GASNOVA, ANDI y ASOENERGÍA, destaca que la propuesta legislativa no garantiza una reducción tarifaria eficiente ni sostenible, y podría afectar la confianza en el sistema tarifario del país.
Entre las observaciones clave, los gremios alertan que el traslado de la deuda de la Opción Tarifaria a los estratos 4, 5, 6 y a los usuarios no residenciales constituye una medida regresiva, que genera nuevas inequidades y podría encarecer aún más las facturas de quienes ya cumplieron con sus pagos. También advierten que modificar el esquema de subsidios sin contar con una base de datos socioeconómicos consolidada podría excluir a usuarios vulnerables, especialmente en zonas cálidas o con altos consumos energéticos justificados.
Cuestionan además la asignación al Ministerio de Minas de funciones que hoy son exclusivas de la CREG, como la definición de esquemas tarifarios, lo cual vulneraría la institucionalidad regulatoria y abriría la puerta a decisiones influenciadas políticamente. En esa misma línea, consideran que cambiar la conformación y los requisitos técnicos de los comisionados de la CREG podría debilitar su capacidad técnica y abrir espacio a conflictos de interés, tal como lo ha advertido la OCDE.
Finalmente, advierten que permitir la modificación excepcional de fórmulas tarifarias sin criterios objetivos expone a los usuarios a tarifas impredecibles y pone en riesgo la recuperación de las inversiones necesarias para la sostenibilidad del servicio.
Frente a esto, los gremios proponen una serie de acciones concretas que incluyen: impulsar la entrada de nuevos proyectos de generación para aumentar la oferta y reducir los precios, estandarizar mecanismos de mercado, fortalecer la cultura ciudadana frente al uso eficiente de la energía, y garantizar el pago de subsidios ya acumulados por parte del Gobierno.
Los firmantes reiteraron su disposición al diálogo técnico e institucional, y solicitaron que cualquier reforma al régimen tarifario sea resultado de un proceso riguroso, basado en evidencia, sostenibilidad financiera y participación amplia de todos los actores del sistema.
