El ente de control reveló que 68 trámites ambientales de proyectos eléctricos están bajo su lupa. De estos, varios no cuentan con decisiones definitivas de las autoridades ambientales, lo que pone en riesgo el desarrollo energético del país.
La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas sobre el estado de 68 trámites ambientales relacionados con proyectos de la cadena energética en Colombia.
Durante el primer semestre de 2025, el ente de control ha venido realizando seguimiento a estos procesos, que comprometen la generación de al menos 372 megavatios de energía eléctrica, sin que aún exista un pronunciamiento definitivo por parte de las autoridades ambientales competentes.
Según explicó el procurador general, Gregorio Eljah Pacheco, en 29 de los 39 trámites señalados recientemente por el Ministerio de Minas y Energía como prioritarios, ya se venía ejerciendo control desde antes de la solicitud ministerial.
Los otros 10 fueron incorporados tras la petición de la cartera de Minas a finales de mayo.
En la mesa de trabajo de alto nivel que se llevará a cabo este martes 8 de julio en la sede de la Procuraduría, se presentará un consolidado detallado de todos los trámites seguidos por el ente de control.
Este incluirá un balance de las actuaciones de las distintas Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) frente a los proyectos eléctricos en curso.
“Es importante aclarar que existen siete trámites ambientales para los cuales la autoridad ambiental no ha reportado la capacidad del proyecto”, advirtió el jefe del Ministerio Público, lo que añade incertidumbre sobre el verdadero impacto de estos procesos en la matriz energética nacional.
La Procuraduría insistió en la necesidad de mayor celeridad y transparencia en los trámites ambientales, considerando el papel estratégico del sector energético en el desarrollo del país.
