La líder de la oposición, María Fernanda Cabal, radicó un derecho de petición con siete preguntas clave sobre el futuro del sistema de pasaportes, tras la salida de Thomas Greg & Sons. Anunció además un debate de control político contra el próximo canciller.
La senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, prendió las alarmas este lunes al advertir sobre una inminente crisis que podría dejar a millones de colombianos sin pasaporte, tras la finalización del contrato entre el Estado y la empresa Thomas Greg & Sons, encargada actualmente de la impresión y distribución de estos documentos.
En un contundente pronunciamiento público, Cabal anunció la radicación de un derecho de petición dirigido a la Cancillería, en el que exige respuestas claras, datos técnicos y garantías sobre la continuidad en la expedición de pasaportes una vez termine el contrato vigente en septiembre de este año.
“Exigimos respuestas claras y un plan serio que garantice este derecho fundamental a todos los ciudadanos. Aquí debe haber responsabilidad política”, expresó la senadora a través de su cuenta en X (antes Twitter).
El pronunciamiento se da pocos días después de que la ahora exministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, advirtiera en entrevista con la revista Cambio que los colombianos podrían quedarse sin pasaportes. Sarabia, antes de su salida del cargo, denunció demoras inexplicables en el agendamiento de citas y presuntas interferencias en los procesos logísticos dentro de la propia Cancillería, dejando entrever un caos institucional que pone en riesgo el acceso a un documento clave para la movilidad internacional.
Derecho de petición
El documento presentado por Cabal, compuesto por siete preguntas estructurales, pone en evidencia el grado de improvisación que, según ella, reina actualmente en la política exterior del gobierno Petro. En primer lugar, solicita a la Cancillería explicar cuál es el plan de contingencia que tiene el Gobierno para asegurar la emisión de pasaportes una vez venza el contrato con Thomas Greg & Sons.
De igual forma, la senadora pregunta si la Imprenta Nacional está técnicamente preparada para asumir la producción de alrededor de 8000 pasaportes diarios, tal como lo requeriría la demanda ciudadana. También solicita que se remita el cronograma oficial que certifique que este organismo estatal puede asumir dicha responsabilidad sin afectar los tiempos ni la calidad del servicio.
En su tercera solicitud, Cabal pregunta por un eventual contrato con Portugal u otro país para asumir la emisión de pasaportes. “Si existe un contrato firmado, ¿cuáles son sus condiciones y plazos?”, cuestiona la senadora, quien además exige copia de dichos documentos.
Otro de los puntos más sensibles del derecho de petición apunta a las denuncias públicas realizadas por Laura Sarabia, quien mencionó retrasos injustificados en la asignación de citas y posibles interferencias externas. Cabal exige saber cuál es la posición oficial del Gobierno frente a estas acusaciones y si ya se iniciaron investigaciones internas.
El factor Alfredo Saade: ¿intromisión o poder paralelo?
Uno de los interrogantes más delicados del documento radica en la pregunta sobre el papel de Alfredo Saade Vergel, actual jefe del Despacho Presidencial, en las decisiones sobre la impresión de pasaportes. “¿Qué papel ha tenido el señor Saade en las decisiones sobre la impresión de pasaportes, considerando que esta competencia es de la Cancillería?”, plantea Cabal.
Saade es abogado de la Universidad Libre, reconocido líder social y político, y en 2022 fue candidato presidencial. Posteriormente se adhirió al Pacto Histórico, coalición con la que el presidente Gustavo Petro llegó al poder. Su nombramiento en la Casa de Nariño ha generado inquietudes sobre el alcance de su influencia en decisiones administrativas que, por ley, corresponden a otros ministerios.
Debate de control político en camino
Además del derecho de petición, María Fernanda Cabal anunció que citará a debate de control político al próximo canciller encargado, con el objetivo de esclarecer públicamente esta situación que afecta a millones de ciudadanos y que, de no resolverse con prontitud, podría generar una crisis de documentación sin precedentes en el país.
“Aquí no estamos hablando de trámites menores. Estamos hablando del derecho fundamental de los colombianos a la libre movilidad, del derecho al pasaporte. Si el Gobierno no garantiza eso, estamos frente a un hecho gravísimo de negligencia institucional”, sentenció la senadora.
¿Estamos al borde del colapso documental?
Los problemas en la expedición de pasaportes no son nuevos. Desde 2023, varias sedes de la Cancillería han reportado congestiones, demoras en las citas y fallas en la plataforma digital. Lo que antes eran esperas de 3 a 5 días se han convertido en semanas y, en algunos casos, meses. Hoy, con la incertidumbre por el cambio de contratista y la falta de un plan claro por parte del gobierno, el panorama se torna aún más preocupante.
Cabal también exigió al Gobierno explicar qué software se está usando actualmente para agendar citas, quién es el proveedor del sistema, cómo funciona y qué alternativas tienen los ciudadanos si no logran obtener un turno.
Mientras el Gobierno guarda silencio, las preguntas de Cabal representan el clamor de miles de ciudadanos que hoy enfrentan obstáculos para obtener un documento esencial. El país espera respuestas. La improvisación, en este caso, no puede ser la norma. Mucho menos cuando está en juego un derecho que trasciende las fronteras.
