Organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo han documentado cómo los grupos armados ilegales intensifican el reclutamiento de menores indígenas aprovechando su vulnerabilidad socioeconómica.
Un sofisticado esquema de reclutamiento forzado que operaba en cinco departamentos fue desarticulado por la Fiscalía, tras judicializar a tres presuntos integrantes de las disidencias de las Farc acusados de captar al menos 40 menores indígenas mediante engaños e intimidación.
La operación judicial se dirigió contra José Lisandro Díaz Isaza (alias Liso), Jhonatan Estiven Amaya Castillo (alias Tío) y Jhon Durango Reyes (alias Toribio), pertenecientes al frente Armando Ríos (E1), quienes enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, reclutamiento forzado y porte ilegal de armas.
En el marco de la investigación se reveló el modus operandi criminal de esta subestructura: alias ‘Tío’ se hacía pasar por estudiante y así infiltrarse en colegios de difícil acceso en los departamentos de Meta, Guaviare, Vaupés, Arauca y Cauca, donde identificaba menores indígenas en situación de vulnerabilidad.
Según el reporte de los investigadores de la Fiscalía, una vez ubicadas las víctimas, las atraía con regalos, dinero o mediante amenazas, para entregarlas a otros miembros del grupo que las trasladaban a las denominadas ‘escuelas’ del citado frente armado.
El papel de alias Toribio consistía en facilitar el transporte fluvial desde internados y comunidades indígenas hasta los campamentos ilegales, donde los menores eran posteriormente asignados a actividades bélicas contra la Fuerza Pública y grupos rivales.
Los capturados fueron detenidos en Carurú, Vaupés, durante operativos conjuntos del CTI, Sijin, Brigada 31 del Ejército y Fuerza Aeroespacial. En el operativo fueron incautados cuatro celulares que serán utilizados en su contra como material probatorio.
Aunque los tres procesados no aceptaron los cargos, permanecen recluidos en un centro carcelario mientras avanza la investigación que busca esclarecer la magnitud de esta red criminal que vulneraba sistemáticamente los derechos de comunidades indígenas.
