La controversia se produce en un ambiente de alta tensión política, donde las colectividades firmantes exigen garantías democráticas y advierten sobre el riesgo de erosión institucional ante lo que consideran un avance autoritario desde el Ejecutivo.
Ocho partidos de oposición —Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y Partido ASI— rechazaron de manera categórica la intención del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular por decreto, luego de que el Senado negara la iniciativa.
En una carta conjunta, las organizaciones políticas calificaron la medida como “un golpe de Estado” y una acción unilateral e inconstitucional. El pronunciamiento, divulgado el 3 de junio, advierte que el Ejecutivo no puede sustituir al Congreso ni imponer mecanismos de participación ciudadana sin respetar los procedimientos legales.
“Instamos a las instituciones competentes —la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría, la Contraloría y los organismos electorales— para que actúen con independencia bajo el principio de legalidad”, se lee en uno de los apartes del documento.
La oposición subraya que cualquier decreto presidencial para convocar una consulta debe ser evaluado por el Registrador Nacional, quien debe verificar el cumplimiento de los requisitos legales antes de fijar un calendario electoral. “El Registrador Nacional debe verificar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos legales establecidos antes de tomar cualquier decisión respecto a la consulta popular”, enfatiza la carta.
En ese sentido, son directos en acusar al jefe de Estado de desconocer la decisión del Senado y de recurrir a un discurso pendenciero, presionando a las instituciones para respaldar su agenda política.
“El presidente Gustavo Petro ha anunciado su intención de firmar un decreto para convocar su consulta popular, pese a que fue rechazada por el Senado de la República. Esta decisión representa una violación grave, deliberada y sistemática de la Constitución”, advierten.
Finalmente, el comunicado concluye con un llamado a la firmeza institucional y al respeto por la autonomía del Congreso. “Colombia no puede ser sometida a la voluntad de una persona que pretende desconocer el Estado de Derecho y usar su investidura para imponer su agenda política sin atender ni respetar la autonomía del Congreso”, puntualizan las organizaciones políticas de oposición.
