Mientras el jefe de Estado hace caso omiso a la solicitud de apartarlo del cargo, yendo en contra vía de la ley y la lógica común; el otro sigue despachando en su oficina con bastante eficiencia: se conoció la firma de 24 decretos y la apertura de la nueva licitación para los pasaportes.
Desde finales del año pasado un amplio sector de la opinión y la cosa pública viene cuestionando las actuaciones del canciller Álvaro Leyva Durán en la decisión de declarar desierta la licitación para los pasaportes, más decididamente, cuando se conoció que la firma Thomas Greg & Sons exigiría por vía judicial una compensación cercana a los $100.000 millones por la forma abrupta como se desvanecieron sus expectativas de hacerse con el contrato, luego de obtener todos los puntos posibles en la evaluación de su propuesta.
Hace poco menos de una semana, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra Leyva Durán por la presunta transgresión de algunas normas en la fallida licitación para la expedición de pasaportes, además, de manera provisional, decidió apartarlo del cargo por tres meses.
“Esta sala también decidió suspenderlo para evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen. Eso, teniendo en cuenta su rol de ordenador del gasto y porque también es quien está dirigiendo el nuevo proceso licitatorio de pasaportes”, dijo en su momento la procuradora Margarita Cabello.
Poniendo en riego la institucionalidad
Tras conocerse la medida tomada por el Ministerio Público, el presidente, Gustavo Petro, fiel a su estilo, arremetió duramente contra la institución, asegurando una vez más que la misma obedecía a otro plan para impedir que ponga en marcha sus ‘reformas sociales’.
“No nos van a dejar gobernar. ¡Pues claro! Si es la mentalidad de quienes están acostumbrados a dejar la gente abandonada, pues no quieren que haya un ejemplo, una demostración, de lo que es un gobierno popular, un gobierno democrático”, afirmó el jefe de Estado, poniendo otra vez en tela de juicio la objetividad de las decisiones judiciales y medidas que le son adversas.
Por su parte, Álvaro Leyva, envalentonado por las palabras del su jefe inmediato, desatiende la medida que lo obliga a cesar por completo sus funciones en el Ministerio de Relaciones Internacionales y, según la denuncia de varios medios de comunicación, sigue despachando y asistirá como canciller al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se realizará en los próximos días.
Personalidades de la opinión, la cosa pública y la academia han cuestionado desde sus perspectivas las acciones adelantadas por Leyva Durán tras haber quedado en firme la medida provisional que lo aparta del cargo por tres meses. Una de esas, fue la senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia, quien fue enfática en que estas actuaciones son abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico vigente.
“Firmar un decreto teniendo en firme una suspensión de la Procuraduría es una burla institucional inaceptable. Irrespeta las autoridades democráticas y se ponen por encima de la ley”, comentó Paloma Valencia en su cuenta en la red social X.
Petro tiene que acatar la decisión
Al ser consultado por Noticias Caracol sobre los 24 decretos firmados por el canciller luego de conocida la suspensión, el profesor de Administración Pública y Derecho Disciplinario de la Universidad Externado, Pedro Alfonso Hernández, fue enfático en que la continuidad de Leyva en su cargo depende ahora de Petro, quien debe acatar la medida y nombrarle un reemplazo.
“En la administración pública hay una regla que dice: las decisiones las toman las autoridades competentes. En efecto, la Procuraduría dispone de la suspensión provisional; la Procuraduría le solicita al presidente que acate la decisión y como ha sido costumbre y práctica jurídica, cuando la Procuraduría dispone de la suspensión de un funcionario, la entidad nominadora siempre ha dispuesto el cumplimiento de esa decisión, por lo tanto, mientras el presidente no acate la decisión de la Procuraduría, el ministro podrá seguir en su cargo y las decisiones que tomé preservan plena validez ”, explicó Pedro Alfonso Hernández.
A renglón seguido, el catedrático comentó que la normatividad disciplinaria vigente establece que las medidas de este tipo deben ser acatadas de manera urgente, es decir, en el menor tiempo posible, por lo que, al retardar el nombramiento de un reemplazo para el suspendido Álvaro Leyva, el presidente está transgrediendo la ley y desafiando la institucionalidad.
Finalmente, es importante mencionar, que esta tesis ha sido defendida públicamente por Gabriel Becerra, quien ostenta una silla en la Cámara de Representantes a nombre del Pacto Histórico, partido de gobierno. Según el congresista, es imperativo, por mandato legal, el cumplimiento de la medida cautelar en contra de Leyva.
“Sin la menor duda el Gobierno Nacional debe cumplir las decisiones de la Procuraduría. Lo que se debe verificar previamente es la existencia de algún tipo de recurso en relación con una suspensión, que no es una sanción sino es una medida cautelar, es decir, hasta este momento se mantiene la presunción de inocencia hasta cuando sea formalmente sancionado y, sobre todo, si ya se surtieron todas las notificaciones. Estando en firme, el Gobierno Nacional debe cumplir esa suspensión que le ha impuesto una autoridad competente como lo es la Procuraduría”, puntualizó Becerra en una entrevista radial.
