El caso por la muerte de dos menores en Bogotá se fortaleció con la reconstrucción de la logística criminal del paquete con frambuesas contaminadas con talio. Diagnóstico clínico confirmó la presencia del metal, cuyo efecto inmediato causa daño neurológico, gastrointestinal y cardíaco incluso en dosis mínimas.
La Fiscalía sostiene que el envenenamiento con talio de dos menores en Bogotá fue el resultado de una operación planificada que utilizó intermediarios, comunicaciones segmentadas y un punto de despacho previamente seleccionado. Esta arquitectura logística permitió que el paquete contaminado llegara a su destino sin levantar sospechas y dejó en evidencia, según el ente investigador, la coordinación atribuida a Zulma Guzmán Castro, hoy buscada mediante circular roja de Interpol.
El avance inicial se produjo al localizar al domiciliario que entregó la caja de frambuesas. Su testimonio permitió establecer la primera conexión verificable de la ruta del paquete. Fabio Humar, abogado de la familia, explicó a Semana que el repartidor actuó sin conocimiento del contenido y cumplió una instrucción recibida por un tercero. “Simplemente recibió un paquete para llevarlo a otra dirección y eso fue lo que hizo; su testimonio permitió conocer detalles que resultaron fundamentales para establecer la procedencia del envío”, precisó el jurista descartando de plano al sujeto como parte del entramado.
Ese relato condujo a la identificación de los teléfonos que orientaron la entrega y abrió la puerta para rastrear la coordinación remota. El análisis técnico permitió identificar líneas telefónicas presuntamente utilizadas por Guzmán Castro. Los investigadores detectaron coincidencias en horarios, celdas de ubicación y secuencias de llamadas que sustentan su hipótesis.
Según Humar, al revisar esos patrones de comunicación, la Fiscalía “concluyó que estaban vinculados a la persona que hoy es buscada por las autoridades, lo que permitió entender la forma como se articuló la entrega del paquete contaminado”.
Vínculo previo entre la señalada y el padre de una víctima
El caso avanzó con mayor rapidez cuando los equipos médicos confirmaron que las niñas habían sido intoxicadas con talio, un metal insípido, inodoro y altamente tóxico, capaz de provocar síntomas inmediatos como vómito, diarrea, dolor abdominal, alteraciones neurológicas y deterioro cardíaco. En dosis pequeñas produce alopecia y daño multisistémico; en cantidades cercanas a un gramo puede ser mortal. Su ausencia de características perceptibles dificulta su detección temprana y explica por qué el diagnóstico tomó tiempo.
Humar detalló que el talio no suele considerarse en los exámenes iniciales, lo que llevó a los médicos a descartar primero intoxicaciones comunes antes de “empezar a hacer unas investigaciones y concluir que es talio”. La Fiscalía también examinó un dato considerado relevante: Guzmán Castro mantuvo una relación extramatrimonial con el padre de una de las víctimas.
Este antecedente no constituye por sí mismo un móvil, pero los investigadores sostienen que ayuda a contextualizar la coordinación de la entrega y la selección de la vivienda destino. El abogado de la familia de una de las víctimas confirmó que su cliente colaboró desde el inicio para descartar cualquier hipótesis relacionada con su entorno y aclaró que la Fiscalía “empezó a descartar como corresponde a posibles autores”, lo que permitió enfocar la indagación en el envío.
Con el diagnóstico clínico y el rastreo de llamadas, quedó pendiente un paso decisivo: identificar dónde se originó el paquete. La Fiscalía estableció que en ese procedimiento figura un mentalista, aunque no existen indicios de que conociera el contenido del paquete, el hallazgo aportó un punto físico en la cadena criminal. Humar explicó que “desde esa oficina pudo haberse despachado el veneno, aunque no conocemos la naturaleza de la relación entre esa persona y la principal señalada”.
La reconstrucción completa muestra una operación compartimentada: una persona entrega la caja, otra la coordina por teléfono y un tercero la transporta; ninguno tiene vínculo directo entre sí. Para la Fiscalía, ese diseño apunta a una estructura pensada para impedir que un eslabón identifique al siguiente y para mantener oculto a quien dirige la operación.
El caso entra ahora en una fase clave: la Fiscalía consolida las pruebas para sustentar que la señalada no solo tuvo acceso al tóxico, sino que habría dirigido la logística criminal que permitió que el paquete llegara a la vivienda sin que los intermediarios supieran qué transportaban. La imputación, según las autoridades, se basará en la convergencia de trazabilidad, pruebas toxicológicas y el análisis del vínculo previo entre la señalada y la familia afectada.
