En los primeros seis días del mes de mayo se han presentado tres asesinatos.
El líder comunal y campesino Ángel Arbey Vallejo Rosas fue asesinado en su lugar de residencia, ubicado en la vereda Palmar del Picudito, en la inspección de Arizona, municipio de Puerto Caicedo, Putumayo.
Con su muerte, se eleva a 60 el número de líderes sociales asesinados en lo que va del año en Colombia.
Vallejo Rosas, quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de su vereda, era ampliamente reconocido en la región por su trabajo en defensa de los derechos de las comunidades rurales y su liderazgo en temas comunales.
Su cuerpo fue hallado con múltiples impactos de bala, lo que evidencia un nuevo caso de violencia sistemática contra líderes sociales en el país.
La Defensoría del Pueblo había advertido sobre la situación de riesgo en esta zona mediante las Alertas Tempranas 001 de 2025 y 019 de 2023, dirigidas específicamente a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos.
En estos documentos, la entidad alertó sobre la presencia de grupos armados ilegales que imponen normas y ejercen control social en la región, lo que representa un riesgo constante de violación a los derechos humanos.
En el municipio de Puerto Caicedo hacen presencia actores armados como el Frente Carolina Ramírez del Bloque Amazonas, el Frente Raúl Reyes del Estado Mayor Central (EMC), y bandas de carácter local, situación que ha agravado el clima de inseguridad y amenaza para las comunidades.
La jurisdicción militar de la zona corresponde a la Sexta División del Ejército Nacional, que no ha emitido hasta el momento un pronunciamiento oficial sobre el hecho.
Según Indepaz, los 60 asesinatos de líderes sociales registrados en lo que va del año se han presentado en 49 municipios de 21 departamentos del país.
Por mes, la distribución de los casos es la siguiente: en enero se reportaron 15 asesinatos, en febrero 13, en marzo 17, en abril 12, y en los primeros seis días de mayo ya se han documentado 3 casos.
Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han exigido al Gobierno Nacional y a las autoridades locales medidas urgentes para proteger la vida de quienes ejercen liderazgo social, así como avanzar en las investigaciones para esclarecer este y otros asesinatos que continúan en la impunidad.
