El asesinato del líder comunal y campesino Jairo Alberto Díaz Salazar eleva a 185 la cifra de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2025, en medio de un grave contexto de riesgo advertido por la Defensoría del Pueblo.
El asesinato de Jairo Alberto Díaz Salazar, reconocido líder social, comunal y campesino del municipio de San Pablo, Bolívar, eleva a 185 el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo que va de 2025, una cifra alarmante que refleja la persistencia de la violencia contra quienes ejercen liderazgo comunitario en el país.
Díaz Salazar se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Jardín, presidente del Comité Minero de Las Calungas y miembro activo de ASAMISUR, organización campesina vinculada a FEDEAGROMISBOL. Su trabajo lo convirtió en una figura clave para las comunidades campesinas y mineras del sur de Bolívar.
Según la información conocida, el líder social fue secuestrado el 21 de diciembre en la vereda El Jardín y trasladado hacia un paraje cercano al corregimiento Santo Domingo. Su cuerpo fue hallado sin vida en la mañana del 22 de diciembre en ese mismo corregimiento. Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer los responsables y las circunstancias del crimen.
La Defensoría del Pueblo ha advertido reiteradamente sobre el alto nivel de riesgo en el municipio de San Pablo. La Alerta Temprana 013 de 2025 incluye a este territorio con un llamado urgente a la acción, señalando que la imposición de normas y formas de gobernanza ilegal por parte de grupos armados representa un riesgo permanente de violaciones a los derechos de la población.
A esto se suma la Alerta Temprana 034 de 2023, que advierte un grave riesgo humanitario por la disputa del control de la minería de oro y los corredores estratégicos de la Serranía de San Lucas, escenario que ha generado desplazamientos, amenazas y control social sobre las comunidades.
Estas advertencias se articulan con la Alerta Temprana 019 de 2023, que expone el escenario de riesgo estructural que enfrentan líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país por su labor social y comunitaria.



